El destino de las reformas energética y hacendaria hace prever que el espíritu del Pacto por México podría quedar en un fantasma de Halloween. Más que un consenso de propuestas, los partidos las van a fraccionar en función de sus intereses. Al final, los resultados serán menos eficaces que las necesidades del país de modificaciones en la estructura productiva.
Aunque carecen de formación académica, no sería mala idea que los legisladores y dirigentes partidistas de vez en cuando echaran una leída a los teóricos de la ciencia política. Ahora mismo podrían revisar los textos del recientemente fallecido politólogo Juan Linz, uno de los teóricos más importantes de las transiciones.
De manera lamentable, las élites políticas están perdiendo la oportunidad para completar el ciclo de la transición democrática alcanzada en la alternancia presidencial de 2000 y consolidada en la alternancia presidencial de 2012. La clave de fondo de una transición radica —siguiendo a Leonardo Morlino— en la instauración de la democracia real, más allá de la procedimental de los procesos electorales y la de reconocimiento del adversario.
Con apenas 40 mil votos de sus seguidores —una cifra obviamente no comprobada legalmente—, Andrés Manuel López Obrador quiere frenar la reforma energética.
Con estridencia digna de los viejos tiempos, el PAN busca ajustar la reforma hacendaria a los intereses de sus seguidores.
Y con su lenguaje de exclusión, el PRD ya amenazó con bloquear legalmente la reforma energética espantando a los posibles inversionistas extranjeros.
Mezquindades
Cada grupo podría decir que defiende un enfoque de largo plazo, pero en realidad los partidos han demostrado ser defensores de grupos de interés. Una verdadera reforma pactada necesariamente afecta enfoques políticos de los partidos, pero se trata de encontrar la mejor reforma para el país.
Las reformas estructurales debieran tener el objetivo de crear un nuevo modelo de desarrollo que permita crecer a tasas arriba de 6% anual promedio liberalizando sectores que la inversión pública nunca va a poder atender. Más que la ideología, los partidos deberían tener en mente a 1.3 millones de mexicanos que piden empleo por primera vez cada año, a 45% de trabajadores que pertenecen al sector informal y a 70% de población que vive en el espectro de pobreza extrema-pobreza media.
La alternancia de 2000 se perdió cuando Vicente Fox no atendió la urgencia de pactar la instauración democrática a partir del criterio de que el sistema productivo es un reflejo del sistema político. El PRI prefirió esperar a ver el cadáver de la alternancia pasar y recuperar así la Presidencia de la República. Y el PRD no ve más allá de su autodenominación como defensora de la patria y los Intereses Históricos más Nobles, aunque en la realidad no hace sino representar como neopopulismo el viejo modelo del Estado priista corporativo.
La segunda oportunidad para la reconstrucción de la viabilidad nacional a largo plazo se encuentra en las reformas estructurales. Pero en lugar de mejorar las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas políticas —incluyendo al sector del PRI que quiere operar de manera autónoma— se han dedicado cada una a defender sus posiciones. Al final, lo que quede de las reformas en realidad no alcanzará para el repunte productivo y la atención a marginados, desempleados y demandantes de bienestar.
El Pacto por México apareció como la oportunidad para el acuerdo, pero ahora es una coartada y en el caso del PAN un rehén de intereses. En España los Pactos de la Moncloa fueron el acuerdo negociado de la relación democracia-desarrollo. En México las mezquindades están ahogando la oportunidad de superar la crisis de la mediocridad.