Si los analistas hicieran un esfuerzo por enfocar fríamente el caso de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano, entonces podrían entender las razones de fondo en la exposición mediática del Ejército las últimas semanas con entrevistas y declaraciones del general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda.
Frente a la capacidad de violencia de los cárteles del crimen organizado y la corrupción de las estructuras civiles de los sistemas de seguridad, justicia y penal, la última línea de defensa de la seguridad nacional-interior-pública y por tanto de la estabilidad para el desarrollo se encuentra en el papel activo de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, el escenario de contexto podría aclarar algunas dudas sobre las razones detrás de esta exposición mediática del alto mando militar: no se puede combatir a una criminalidad tan sofisticada, sin un marco jurídico adecuado a la realidad de la inseguridad nacional.
Los únicos que han cumplido con su función son los militares, y lo han hecho sin el marco jurídico adecuado, lo cual los ha sometido a presiones e incomprensiones.
Los presidentes de la República han solicitado la intervención del Ejército en función del concepto de seguridad interior que contiene la Constitución, pero apenas mencionado.
A la actuación del Ejército en labores de seguridad interior le urge el marco jurídico, que ha sido la parte central de las declaraciones y entrevistas del general secretario Cienfuegos Zepeda. Y cuando menos son tres las leyes que necesitan los militares: la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia nacional y la ley de espionaje, además de llevar ya a rango constitucional la doctrina nacional de defensa nacional.
Razones
Es una ingenuidad pensar que el Ejército mexicano existe para resistir alguna invasión extranjera, porque esas situaciones de emergencia ya no se dan debido a la regulación de los equilibrios militares internacionales. Eso sí: hay una situación de emergencia en los que la seguridad nacional está amenazada por la criminalidad, el tráfico de enervantes y —de acuerdo a las doctrinas estadunidenses de defensa— las organizaciones criminales trasnacionales.
La emergencia de 2007 mostró que el crimen organizado había penetrado las estructuras políticas, sociales, económicas y del Estado y que no existía fuerza capaz de enfrentar el perfeccionamiento criminal más que los militares. La fuga del Chapo ha confirmado el cáncer de la corrupción en seguridad. Pero la participación de las Fuerzas Armadas se hizo en función de un endeble cuerpo jurídico. Es paradójico que las leyes protegen más a los delincuentes que a las Fuerzas Armadas.
La sociedad política no ha entendido o no ha querido entender las razones de fondo de la aparición reciente del general secretario Cienfuegos Zepeda: ni reclamos ni amenazas, sino el planteamiento de la necesidad de un marco jurídico más preciso. Sin las Fuerzas Armadas luchando contra el crimen organizado, el país sería otro, más descompuesto y desarticulado.
Las leyes que se le deben al Ejército facilitarían su función en la seguridad interior y dinamizarían su participación. Y no se trata de impunidad: la Secretaría de la Defensa Nacional ha avanzado en materia de derechos humanos más allá de lo esperado.
En su actuación con regulación jurídica deficiente, los militares han sido algo más que disciplinados: leales al poder civil y a la sociedad.