Esta semana se celebró a nivel internacional el día del Derecho del Acceso a la Información.
¿Qué es el derecho a la información? Es el mecanismo que actualmente permite que usted como integrante de esta sociedad mexicana pueda preguntarle a cualquier institución gubernamental lo que quiera. Es el empoderamiento del ciudadano por medio de la exigencia de rendición de cuentas a sus autoridades.
Veamos cómo se fue configurando este derecho, el derecho a la información, a nivel global a lo largo de la historia.
El parteaguas fue hace prácticamente 250 años en Suecia, cuando en 1766 se aprobó la primera Ley de Acceso a la Información Gubernamental. Le llamaron Ley para la libertad de prensa y del Derecho de acceso a las actas públicas.
Los franceses, 23 años después, emitieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que reconoció que “la sociedad tiene derecho a pedir cuentas a todo agente público por su administración”.
Y 200 años después del histórico parteaguas sueco se aprobó en Estados Unidos la Ley de Libertad de Información, reformada en la década de 1970 a causa principalmente del famoso caso Watergate.
¿Cómo avanzó este tema en México? Cuando menos desde las reformas constitucionales de 1977 se inició la construcción de un modelo de acceso a la información que poco a poco se consolidó a partir de diversas reformas a nuestro artículo sexto constitucional.
En 2002 una iniciativa proveniente de la sociedad civil se aprobó por unanimidad en el Legislativo.
Después fuimos testigos del avance en materia de transparencia, hasta que en 2014 se elevó al Instituto Nacional de Acceso a la Información a rango de órgano constitucional autónomo.
Finalmente, en 2016, entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Derecho
¿De qué nos sirve esta ley? Su función es proveerle a usted la información pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales.
En el marco de esta quinta celebración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información el INAI y la oficina de la UNESCO en México suscribieron un convenio de colaboración.
Pero aquí es necesaria una importante reflexión: para que exista un gobierno abierto no solo se necesita que exista acceso a la información sino que también se requieren ciudadanos interesados en involucrarse con los procesos de rendición de cuentas. En lo que va de este 2020 la Cámara de Diputados recibió mediante la Unidad de Transparencia apenas mil 214 solicitudes de acceso a la información. De nada sirve que se abra la puerta de la información si son muy pocos los mexicanos que quieren respuestas.
El INAI reconoció en 2019 que la Cámara de Diputados como sujeto obligado cumplió 100% sus obligaciones de transparencia.
Recordemos que una sociedad informada es más igualitaria y por tanto más democrática. El derecho a saber favorece el desarrollo de una sociedad al fomentar la participación ciudadana.