Para empezar esta crónica referente a la construcción de los pilares democráticos en México debemos remontarnos a octubre de 1990, cuando tuvo lugar un suceso que marcó un antes y un después en la vida democrática de nuestro país: nació el IFE.
Aun con las limitaciones consecuentes de un ente recién creado el Instituto Federal Electoral vino a ser el órgano especializado que debía consolidarse como una institución imparcial que diera transparencia a los comicios federales.
Un dato importante es que desde que el presidente Manuel Ávila Camacho promulgó en 1946 la Ley Federal Electoral y se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, el secretario de Gobernación en turno formaba parte de los procesos electorales en México. Para 1990 el presidente del Consejo General del IFE seguía siendo el secretario de Gobernación, en este caso Fernando Gutiérrez Barrios.
La particular atribución de que el secretario de Gobernación, sexenio tras sexenio desde mediados del siglo XX, estuviera al frente de tan importante órgano electoral, era sin duda un hecho inherente a aquel contexto político que sin embargo le restaba credibilidad a la autonomía del IFE en plena década de los noventa.
La primera sesión del IFE tuvo lugar el 11 de octubre de 1990, pero fue hasta cuatro años después que una trascendental reforma electoral instituyó la figura de “consejeros ciudadanos”. Indispensable hacer una diferencia: mientras que los “consejeros magistrados” creados en 1990 debían tener una sólida formación académica y profesional en el campo del derecho, los “consejeros ciudadanos” creados con la reforma política de 1994 podían acceder al IFE sin considerar la profesión o título que poseyeran.
Finalmente la reforma de 1996 estableció las bases para la transformación democrática apostando por la ciudadanización de los órganos electorales para hacer frente a los potenciales fraudes en los comicios. Fue en este momento cuando se reforzó la autonomía del IFE al darle, con la reforma al artículo 41 de nuestra Carta Magna, personalidad jurídica y patrimonio propio.
Momento
La reforma electoral de 2014 rediseñó el sistema electoral mexicano transformando al IFE en una autoridad de trascendencia nacional, el INE. La finalidad suprema fue homologar los estándares con que se organizan los procesos electorales federales y locales en busca de transparencia. Sin embargo robustecer al Consejo General del INE como un órgano ciudadano también debe seguir siendo una prioridad, no solo para la Cámara de Diputados sino para todos los mexicanos.
Ahora que en San Lázaro los diputados anunciaron la reactivación del proceso de selección de los cuatro consejeros electorales faltantes del INE resulta indispensable la participación de ciudadanos comprometidos con la alta calidad de los procesos democráticos en México.
El 6 de julio el Comité Técnico retomará el proceso de entrevistas y habiendo cuatro finalistas las propuestas se votarían en el pleno de la Cámara de Diputados el 22 de julio en sesión extraordinaria. De no existir acuerdos ya se dispusieron rutas alternativas, como un proceso de insaculación o sorteo e incluso de ser necesario se turnaría la decisión a la Suprema Corte. La prisa es debido a que el próximo año tendremos elecciones intermedias y prácticamente en todos los estados de la República habrá elecciones locales y federales. Además nuestros legisladores nos deben estos nombramientos desde abril pasado.
Después de analizar la historia y el proceso de evolución de nuestro sistema electoral la conclusión es muy sencilla: los consejeros ciudadanos deben ser “avales” de nuestra democracia. En materia de derecho y justicia electoral en México es momento de pasar de la democracia representativa a la democracia participativa.