Mucho hemos escuchado hablar del Parlamento Abierto, por lo que resulta necesario hacer un recuento de su origen y alcances para no olvidar a qué está obligado el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados federal y el Senado de la República, así como los Congresos locales.
Analizar el concepto de Parlamento Abierto es adentrarnos a las obligaciones legales de nuestros representantes, a la defensa del derecho a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
El Parlamento Abierto es una buena práctica internacional que llegó a México a partir de 1999; primero mediante acuerdos parlamentarios y posteriormente por medio de una nueva Ley Orgánica del Congreso ese mismo año. Esto se vio aún más potencializado con diversas reformas constitucionales en materia de transparencia culminando con la reforma de 2014, la cual entre otros importantes rubros incluye el principio de máxima publicidad. Lo anterior implica que nuestros legisladores están obligados a documentar todo acto relacionado con sus funciones.
En un Parlamento Abierto nuestros representantes están obligados a dar a conocer a la sociedad mexicana su agenda legislativa, gaceta parlamentaria, el diario de los debates y asistencias. Tenemos derecho también a acceder a las iniciativas de ley, puntos de acuerdo, convocatorias, actas y, muy importante, a conocer el sentido del voto de cada uno de nuestros representantes legislativos.
Sin embargo en plena pandemia hemos sido testigos del cierre de puertas y accesos del Congreso de la Unión a la ciudadanía. Durante los recesos de periodos ordinarios y a causa de la crisis sanitaria resultó una medida precautoria para resguardar la salud y la vida. Pero debemos considerar que ya empezó el periodo ordinario de sesiones y los accesos siguen restringidos; además se construyen andamiajes legislativos que van todavía más allá. Nuestros congresistas federales ya analizan iniciativas de ley que buscan que se legisle e incluso se vote vía remota. ¿Se puede realmente legislar a distancia?
¿Cuáles son los riesgos de esto? ¿Cuáles serían los riesgos de restringir a tal grado a los mexicanos el derecho a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas?
Libertad
No habría claridad sobre las causas que permitirían suspender las sesiones presenciales. Peor aún, más allá de la falta de claridad se corre el riesgo de faltar a la legalidad e incluso a nuestra Constitución que en el capítulo y la sección que hace alusión a las obligaciones de nuestros diputados y senadores promueve sanciones económicas a quienes no acudan presencialmente a los recintos parlamentarios.
Hoy, con la Cámara de Diputados cerrada casi a cal y canto, ¿dónde queda el derecho de los alcaldes y gobernadores a buscar presupuestos para sus lugares de origen y para su gente?
Veámoslo desde otro ángulo: sin reglas claras, ¿una inundación o una manifestación podrían llevar a la suspensión de sesiones presenciales para llevar a cabo sesiones remotas? ¿Podrían las sesiones remotas omitir la voz y el voto de la oposición?
México vive una libertad democrática y la libertad implica acceso. No olvidemos que nuestra democracia no es solo representativa: por décadas los mexicanos hemos defendido y ganado una democracia deliberativa y participativa. No podemos dar ni un paso atrás.