El Poder Legislativo mexicano tiene la obligación de entender la realidad social y a partir de ese análisis crear leyes que regulen nuestro día a día. Dicho lo anterior una importante minuta está siendo analizada en el Congreso de la Unión para crear un marco legal ante el creciente otorgamiento de créditos de nómina.
¿Cuál es el origen de esta iniciativa que ya se discutió y aprobó en el Senado de la República y que ya pasó como minuta a la Cámara de Diputados? La reforma deriva de dos iniciativas, la primera propuesta por Morena en diciembre de 2018 y, posteriormente, una segunda iniciativa presentada por el senador Casimiro Méndez, también de Morena, el pasado 10 de diciembre.
Este proyecto básicamente busca dar validez al descuento de nómina como fuente de pago en beneficio de entidades financieras distintas a la banca. Lo anterior porque propone regular dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito el crédito simple o crédito en cuenta corriente, descontándolo directamente de la nómina del trabajador.
Mediáticamente esta modificación a nuestro marco legal se presenta como la solución inmediata para otorgar financiamiento al trabajador en tiempos complicados a causa de la pandemia sanitaria.
Sin embargo es importante analizar esta incursión desde diversas perspectivas ya que las sociedades financieras no reguladas podrían otorgar crédito de nómina en condiciones asimétricas y abusivas, haciendo uso del cobro de intereses altos para el trabajador, incluso muy por encima de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), que representa el promedio de las operaciones de crédito entre bancos, calculada como sabemos por el Banco de México.
Riesgo
Es indispensable reflexionar ya que si ampliar el acceso al crédito de nómina para los trabajadores es la finalidad, y en consecuencia generar un impacto social positivo, de aprobarse en sus términos esta reforma podría tener exactamente el efecto contrario. ¿Por qué podría afectar más de lo que beneficia a uno o millones de trabajadores en este país? Porque cobrar elevadas tasas de interés al trabajador puede generar un sobreendeudamiento y además afectar tanto el historial crediticio de los trabajadores como la salud financiera de las instituciones otorgantes del crédito. Un trabajador anclado a sus deudas, incluso sobreendeudado y con mecanismos que prolonguen por
largos periodos de tiempo sus pagos, puede caer en prácticas erradicadas en México. ¿Recuerda lo que las tiendas de raya ocasionaron en el pasado a nuestra sociedad? No podemos dar ningún paso atrás en los derechos ya ganados. Recordemos que el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo dispone la regla general de que los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos.
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que derivan en entidades no reguladas, actúan bajo estándares de transparencia menores. Recordemos que son precisamente la transparencia y las obligaciones regulatorias equitativas las que evitan el potencial lavado de dinero. Las Sofomes no tienen que cumplir todos los requisitos que cumplen los bancos en materia de regulación antilavado. ¿Por qué?
Resulta muy cuestionable que en el Congreso se impulsen acciones legislativas que, como esta, parecen orientadas a implementar una nueva versión de las tiendas de raya, sin el control debido al riesgo de lavado de dinero y a crear una especie de Fobaproa a modo para favorecer a las instituciones financieras no reguladas, dejando en el desamparo a los trabajadores y generando importantes afectaciones a la sociedad mexicana.
Es momento de que esta minuta sea exhaustivamente revisada en la Cámara de Diputados en función de proteger al trabajador mexicano y sus familias. Aún hay tiempo de evitar que caigan en la insolvencia. La estabilidad del sistema financiero mexicano no puede ser arriesgada, por lo que urge legislar para dar certeza jurídica a quienes más lo necesitan en este momento e inyectan dinamismo a la economía nacional: los trabajadores.