Impunidad y corrupción siguen igual o peor que en otros sexenios pero el recién relevado secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, soltó entre sus dichos: “Se acabó el dominio del narco en el país”.
Aspirante al gobierno de Sonora, Durazo debió vivir en otro planeta durante los más de dos años que usufructuó su puesto policiaco. Al salir presumió gran mejoría nacional y quedaron atrás sus plazos incumplidos. Dejó al país en peor situación, como se advierte en cifras de homicidios dolosos.
Un informe oficial indica que la violencia está lejos de frenarse en México y el Cártel Jalisco Nueva Generación surgió con fuerza, superando a los de Sinaloa, a Los Zetas, a los Caballeros Templarios y a otros 15 organismos delictivos.
Informes provenientes de Estados Unidos indican que las mafias de Sinaloa y Nueva Generación tienen fuerte presencia en ese país, así como en América Latina y Europa.
El Cártel del Golfo opera en 14 entidades de México. Los Zetas en 13. El Del Noreste en cinco. Guerreros Unidos en cuatro. La Familia en tres. Santa Rosa de Lima en dos. Unión Tepito en dos y… paremos de contar. ¿Esto es el final del narco?
¿De dónde sacó Durazo que el dominio de los cárteles terminó en México? Su falta de información y las versiones que filtró a los medios revelan por qué, en seguridad, se agigantaron sus fracasos de estos años. Lo dicen a diario observadores mexicanos y extranjeros.
Desde hace diez años, por lo menos, nuestro país cobró fama de poseer el mayor número de productores y exportadores de drogas. Es una fama creciente y se reafirmó con la puesta en libertad de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, en octubre de 2019.
La versión del gobierno federal fue que por ese perdón se salvaron muchas vidas. O sea, en cada arresto de delincuentes se corre el riesgo de muerte de personas inocentes. Eso no sucedió en tiempos pasados. Durante decenios fueron detenidos miles de delincuentes sin perjudicar a otros particulares. ¿Se perdió también esa capacidad?
Atracos a trenes
El arresto a infractores debería aplicarse a profesores y estudiantes normalistas que en dos lustros se han dedicado a remover rieles de ferrocarriles para detener y vaciar los contenidos de trenes de carga.
Leímos una noticia de trenes: “Los bloquean en las narices de la Guardia Nacional, cuya inutilidad es evidente y no mejora con los militares”.
En Michoacán, estado preferido de profesores y estudiantes normalistas maleantes, un bloqueo ferroviario duró 100 días y antes hubo otro de 64 días. Ninguna autoridad los impidió porque en ambos lapsos se dedicaron “a dialogar” con los bandidos.
La Asociación de Industriales de Michoacán denunció pérdidas por 100 millones de pesos en uno de esos eventos. Pero en 2017 fueron dos mil 415 hurtos y a mediados de 2019 eran contados 431.
La Comisión de Transportes de la Concamin formuló una de tantas cuentas derivadas de los latrocinios: de 852 robos y dos mil 415 actos vandálicos las pérdidas en ventas ascendieron a 280 millones de pesos; 41 millones se debieron a la sustracción de bienes; 175 millones fueron para reparación de vías, locomotoras y carros, y mil 200 millones se gastaron en seguridad privada.
Esos ilícitos suceden en Puebla, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Veracruz. También se registran en Durango, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Sonora y otros.
Los afectados se duelen de las escasas pesquisas de los gobiernos federal y locales. No localizan ni arrestan a tantos bandidos. La queja se extiende al secuestro de casetas de carreteras. Otro caos.