¿AUTONOMÍA FUNCIONAL O AISLAMIENTO INCONVENIENTE?

No se armoniza el funcionamiento de las instancias encargadas de procurar justicia.

Guillermo Deloya
Columnas
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A poco más de dos años de conseguir la autonomía mediante la reforma orgánica de 2018 la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en otro esquema de transformación mediante nuevas modificaciones legales.

La discusión recrudeció en razón de la sensibilidad que involucraban algunos puntos de la nueva reforma. Tal discusión aún deberá saldarse con la sociedad, si es que el fortalecimiento de la FGR por igual se quiere apuntalar desde la credibilidad y confianza de los mexicanos hacia la institución.

Ya mucho se habría avanzado desde la gran reforma penal de 2008, donde fundamentalmente se puso en una vitrina de observación para el cambio al Poder Judicial. Lo anterior pudo con medianos resultados hacer más eficiente el desahogo de casos que llegaban hasta la etapa de la administración de justicia; sin embargo el esfuerzo queda trunco cuando no se armoniza el funcionamiento de las instancias encargadas de procurar justicia, como son los ministerios públicos.

De ahí la necesidad de adecuar las legislaciones estatales que daban vida a las procuradurías locales y finalmente darle consistencia con una gran reforma que en ese momento fortaleciera a la instancia nacional. Y así hace un par de años se logró quitarle verticalidad a la FGR al propiciar legalmente procedimientos de integración de las averiguaciones mucho más coordinados, traducibles en resultados de mayor prontitud y eficiencia. Se está en un punto de inflexión delicado, donde el planteamiento inicial propuesto en la actual reforma alejaba a la FGR de la posibilidad de sumar esfuerzos ordenados con distintas instancias, además de extraerla de esquemas de derechos humanos tan sensibles y necesarios para integrar con atingencia una investigación.

Responsabilidades

La mayor de las preocupaciones para un sector de la sociedad, además de expertos en Derecho y colectivos, la constituía la salida de esta institución del Sistema Nacional de Búsqueda, bajo el cual existe la ocasión de armonizar esfuerzos a efecto de lograr el hallazgo de aquellas víctimas de paradero desconocido, así como aportar ordenadamente entre instancias involucradas elementos de útil integración para las averiguaciones previas. Con dicha ruta participan en la labor la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la Comisión Nacional de Búsqueda y Consejo Ciudadano. En esta última es donde se encuentran representados diversos colectivos de familiares de las víctimas. De haberse extraído de la labor para —a decir de los impulsores de la reforma— apuntalar una mayor autonomía en la actuación, más bien se hubiese transitado hacia un escenario más opaco, donde seguramente los interesados encontrarían una mayor dificultad para comunicarse con eficiencia con la autoridad ministerial.

Bien resulta cierto que muchos de los casos de búsqueda están en la responsabilidad estatal por medio de sus propias fiscalías, pero la relevancia de los casos que llegan al conocimiento y campo de acción de lo federal son aquellos que concentran mucha mayor atención social y mediática. Es así que hemos conocido de investigaciones como la de los 43 de Ayotzinapa y otras que ahora correrían el riesgo de restar comunicación y cercanía con los familiares de aquellos que ya no están.

Por otra parte no podemos dejar de lado que dentro de la responsabilidad actual de la Fiscalía se encuentran las bases de datos forenses, el Registro Nacional de No Identificados y el Registro Nacional de Fosas. Si actualmente una parte importante de las quejas de colectivos y particulares sobre la actuación ministerial federal se debe a que existe poca cercanía, la posible reducción de la participación ciudadana en este tipo de casos sensibles derivaría en mayores tensiones y conflictos.

Pero la preocupación no es únicamente sobre el mencionado sistema ya que en los cambios propuestos también se concede que la FGR se aísle de la participación en otros mecanismos, como la Comisión Intersecretarial para el Combate a la Trata de Personas o el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura. Aquí es donde cabe la reflexión: no se puede desvirtuar el objetivo para fortalecer con autonomía a los fiscales si no se mantienen vínculos sólidos de comunicación con una sociedad mexicana cada vez más despierta y demandante.