Un nuevo frente de polarización parece abrirse con el debate recién instaurado sobre la pertinencia de los denominados organismos constitucionales autónomos en la vida institucional mexicana.
Confusión y contradicción manifiestas en el actuar del gobierno ya que no es comprensible que públicamente se victimice a un personaje como Julian Assange, quien en su núcleo de motivación centró su lucha para develar la información que el Estado norteamericano ha ocultado con recelo: hoy México, a través del dicho en días pasados del presidente, le abre los brazos para recibirlo en asilo, apelando a una tradición nostálgica de los treinta y cuarenta, lo que además de comprometer la relación bilateral contradice en los hechos lo que actualmente el propio López Obrador promueve: desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública.
Por un lado se recela la labor de un organismo cuyas funciones, a su dicho, podrían ser absorbidas por parte de la Secretaría de la Función Pública, y en otro polo se protege a quien ha promovido el conocimiento por vías de filtración, de la información opaca y escondida que un gobierno no quiere develar.
En el ejercicio natural de la democracia y el buen gobierno siempre será deseable el existir de contrapesos que lleven a cabo funciones exactamente ahí donde el propio poder público no puede ser juez y parte. El acceso a la información, aunado a rubros como las telecomunicaciones, el ámbito electoral y los derechos humanos, entre otros, son equilibradores de la credibilidad misma sobre el país.
Lo anterior, con todas las consecuencias que en materia de inversión ante los parámetros de apertura gubernamental implica.
De tal forma que una valoración de la conveniencia de estos balances institucionales en el carril de la austeridad es absolutamente insostenible. Aporta abundantemente más el contar con una calificación en los parámetros de lo aceptable, a efecto de promover confianza e inversión, que los marginales ahorros que en el cúmulo del presupuesto federal podría representar la desaparición de estos órganos equilibradores del poder.
Independencia
Siempre resultará bienvenida la mejora donde exista un terreno perfectible y considero que ahí es donde se encontraría una real discusión. La determinación tajante, en donde en el caso del acceso a la información gubernamental se cediera la tarea a la Función Pública, parecería excesiva cuando aún podría agotarse el camino del arreglo en sus sistemas de selección y nombramiento de integrantes, en lo que hace a la implementación de controles evaluativos y administrativos encaminados a su eficacia y, sobre todo, en el fortalecimiento de la verdadera autonomía técnica e independencia de la voluntad de los partidos políticos de quienes hoy son presa.
En la larga data de la confrontación política, precisamente a través de la gestión del IFAI y del INAI, es como en muchos casos se sustentó la acusación sobre los excesos y negligencias que pesaron sobre otros gobiernos. En esa forja de caminos hacia 2018 es precisamente como la izquierda mexicana en su momento puso a la vista del ciudadano realidades documentadas con la solidez de la prueba. Gobiernos como el de Fox, Calderón y Peña no fueron ajenos al señalamiento y a fin de cuentas así es como se pudo evitar que se impusiera una “verdad” oficialista de muchos hechos. La apertura sobre la información gubernamental ha sido por consecuencia uno de los componentes mecánicos esenciales del vehículo abordado por la propia 4T para circular hacia el poder público.
La autovigilancia gubernamental honesta y efectiva es aún un cometido utópico en un país donde la madurez de instituciones y ciudadanía tiene un largo tramo por recorrer.
Es natural, mas no deseable, que se pretenda la gestión de la información derivada del quehacer gubernamental sin más control que la conveniencia coyuntural para su apertura. Sin embargo la exigencia popular y ciudadana por información accesible es supremamente mayor a cualquier voluntad individual personificada en gobiernos.
También esta lucha ha sido constante en el vecino país de las barras y las estrellas, donde con el Freedom of Information Act se emprendió una carrera similar para evitar que existieran develadores de lo oculto como Assange.
¿Hoy México lo protege y a la vez propugna por opacidad gubernamental?