Aún se recuerda cuando en la década de los noventa el estado de Baja California estimó procedente salir del esquema de actuación coordinada en materia fiscal con la Federación, al sentirse con la suficiencia para poder solventar la vida estatal. Después de los estudios que ilustraron las consecuencias negativas en demérito de la vida económica de la entidad se dio marcha atrás a la intentona amenazante que involucraba más tintes de política que razones suficientes y técnicas.
Por ello deberían reflexionar y apoyarse en estudios sólidos aquellos gobernadores que manifiestan su intención de llevar a la revisión y en su caso promover la salida del pacto con la Federación que ampara la Ley de Coordinación Fiscal.
En el contexto actual, y al tener en cuenta el origen político de los interesados, esta acción es irracional y se impregna de un inevitable tufo político que arrancia el ya tenso escenario nacional.
Nuevo León, con Jaime Rodríguez; Jalisco, con Enrique Alfaro; Coahuila, con Miguel Riquelme; Tamaulipas, con Francisco García, y recientemente Chihuahua, con Javier Corral, debiesen valorar si es viable y pertinente seguir en ese camino de ruptura ya que la balanza se inclinaría por continuar en los esquemas de vinculación y compartición que propicia la ley.
Lo anteriormente afirmado encuentra razones en el análisis que parte desde el poco usual procedimiento para salir del pacto federal. Esa acción es confusa desde el origen, lo cual la puede hacer controversial y dilatoria. Una vez que el Congreso local haya autorizado la terminación del convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se vuelve a la cancha de actuación de la Federación al tener que contar con un “acto de terminación”. Ello involucraría, en rigor, una declaratoria de la Secretaría de Hacienda donde despliegue la línea argumental de razones por las que procede la desincorporación, cuestión que se ve difícil y se convierte en oportunidad de entorpecer el proceso. Una vez cumplimentado se publicaría en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado.
El salvavidas
Supongamos que en un ánimo de celeridad y cooperación lo anterior ocurre. Las consecuencias se avizoran tormentosas; de entrada, se cancelaría la posibilidad de acceder a cualquiera de los fondos participables contenidos en la Ley de Coordinación. Por otra parte el estado correspondiente tendría que reestablecer sus ingresos tributarios mediante el gravamen a diversos rubros donde la Federación por igual participa: el riesgo grave es incurrir en una doble tributación que deja la puerta abierta al litigio en favor del contribuyente, vendría una marejada de amparos con los cuales se favorecería una parálisis recaudatoria para estado y Federación.
Pero el escenario se agrava. La descoordinación implicaría que la entidad federativa dejara de pertenecer a la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, a la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y a la Junta de Coordinación Fiscal. Tales foros han significado en recurrentes ocasiones el salvavidas para la operación financiera y tributaria a favor de estados inmersos en problemas, como precisamente ocurrió en el caso de Coahuila ante su controvertida adquisición de deuda.
Y hablando de deuda la forma reconocida para que exista la garantía sobre deuda estatal se contiene en la Ley de Disciplina Financiera en concordancia con la Ley de Coordinación Fiscal. Si se optó por la salida del convenio el estado estaría desprotegido para el otorgamiento de garantía a las obligaciones constitutivas de deuda pública, acto que implica seguridad jurídica en la actuación financiera de cualquier estado de la República.
Muchos otros puntos serían observables, pero llego al que considero un punto nodal: las enormes consecuencias para los municipios del estado que decida terminar el convenio de coordinación. No tendrían acceso a 20% del Fondo General de Participaciones, ni a 20% del Fondo Fiscal de Recaudación, ni a 20% de la recaudación sobre gasolina y diésel, ni a 20% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, entre muchos otros fondos. ¿Existiría complacencia y apoyo de los municipios del estado correspondiente ante estas implicaciones? Previsiblemente no.
Por ello, que no opere la amenaza y prevalezcan las razones. ¿Ya habrán hecho bien sus cuentas los gobernadores separatistas?