EL NECESARIO ENFOQUE HACIA RESULTADOS EN EL CASO AYOTZINAPA

Existen nuevas voces que desde el legislativo piden una revisión integral del sistema de justicia.

Guillermo Deloya
Columnas
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No se puede perder el enfoque primario en una cuestión de profunda importancia como los recientes sucesos en el tan recurrentemente mencionado caso Ayotzinapa. Es sin duda reprobable la comisión de un delito que, previsto en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, podría llevar a una acusación grave contra Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal en la administración pasada, encargado de indagar los hechos fatídicos ocurridos aquella noche de septiembre de 2014.

La actuación de Zerón, reprobable desde cualquier ángulo, es sin embargo una consecuencia en el cauce de la incorrecta actuación ministerial, pero que palidece ante una realidad más lacerante. Esa realidad que envuelve en el horror a miles de mexicanos que sufren la violencia en sus más crueles expresiones; aquellos que son ejecutados, mancillados, torturados y desmembrados a mansalva en el territorio nacional y para cuyos verdugos parecería no haber consecuencias ejemplares. Si bien es cierto que el abuso en el margen de actuación que un servidor público tiene es lamentable, aún lo es más cuando en el otro platillo de la balanza se encuentra un paraíso de impunidad para quienes se placean como relucientes multihomicidas. Es así que uno de los principales acusados y señalados como ejecutores en la masacre en tierras guerrerenses, El Cepillo, parecería pasar a un segundo plano en la relevancia coyuntural del caso.

Si suponemos de la inocencia de los que, conforme a las nuevas indagatorias, fueron forzados a inculparse mediante tortura física y sicológica, deben existir en consecuencia otros sujetos quienes cometieron el homicidio de los 43 estudiantes. No dejemos en el vacío que el escenario primario del cual emerge todo este entramado tiene que ver con el actuar criminal de un grupo dedicado a la siembra de terror en la región. Resulta grave el pasarlos en medio de la charola de los pendientes en una investigación que ha conmocionado al mundo entero.

Certeza

Subrayo de nueva cuenta: no es que el actuar de Tomás Zerón fuera del cauce ministerial mengüe la gravedad que implica; pero tengamos en cuenta que la construcción de la nueva narrativa tendrá que arrojar datos y personajes a quienes contundentemente se identifique como autores materiales e intelectuales de la masacre; eso es al igual relevante.

Circundante a este tan lamentable episodio de la historia nacional nuevamente se aviva el cuestionamiento sobre la efectividad de nuestro a veces tambaleante sistema de justicia penal. Trascendente resulta esta discusión cuando tenemos ante los ojos nuevos ejemplos de impunidad como aquellos incendiarios miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima en Celaya, quienes más tardaron en rezar un padre nuestro que en volver a la libertad después de ser detenidos. Cabe a todas luces la pregunta: ¿se cumple con el cometido de poner tras las rejas y bajo los efectos jurídicos de una sentencia a quienes deben alejarse de la sociedad mexicana? Quizá los números que demuestran un desmedido incremento de la violencia y la comisión de delitos nos arrojen una respuesta negativa a tal cuestionamiento. Coincidentemente con esta afirmación es que existen nuevas voces que desde el legislativo piden una revisión integral del sistema de justicia.

Nuestro país se encuentra en una ruta complicada. La polarización y el resentimiento político y social parecen apersonarse en distintas facetas de la vida nacional para contaminar la objetividad de apreciaciones y disertaciones sobre temas que nos deben identificar lejos de separarnos. Nadie discute sobre la imperiosa necesidad de combatir la corrupción y la impunidad, a nadie le debe incomodar la estricta observancia al marco legal existente, nadie debiera alejarse del beneficio palpable que aporta el enaltecimiento y apego a un Estado de Derecho funcional. Sin embargo no podríamos tampoco perder el enfoque en torno del requerimiento urgente que el Estado mexicano tiene enfrente y eso es simple y sencillamente dar resultados para abatir los tan insultantes índices de criminalidad, violencia e impunidad que nos avasallan. En el país de los 73 mil desaparecidos, el de las tres mil 978 fosas clandestinas, parecería que aún caben más y más historias de familias rotas y vidas concluidas en la tragedia. No perdamos el enfoque: bien decía Pieter Cornelis Mondriaan que ese es el único faro que nos permite arribar a la certeza.