Una economía que se precie de tener dinamismo y capacidad de respuesta ante los entornos adversos generalmente evita los marcos restrictivos que significan candados innecesarios para su avance. Lo anterior aplica en cualquier contexto pero cuando existe un ambiente generalizado de economía recesiva la adopción de normas prohibitivas resulta un escalón hacia el suicidio.
Un ejemplo muy claro de esa adquisición indeseable de trabas para el crecimiento lo es la propuesta regulatoria de la subcontratación de servicios o outsourcing.
Para muchos es conocida y habitual esta modalidad de operación en las empresas. Con el marco de normas existente antes de la nueva legislación, perfecta y legalmente se podían contratar distintos servicios que por su alto grado de especialización no era posible para la empresa contratante llevarlos a cabo de forma directa. Además todo el ciclo operativo de outsourcing se podía efectuar con esquemas plenos de claridad y eran susceptibles de cualquier revisión fiscal o laboral.
La novedosa regulación propone esquemas más basados en la irracionalidad de la vendetta que en la sana lógica económica del entorno mundial. Lo que en primer momento parecería procurar un cerco de protección más estrecho para el trabajador acaba por ser un aliciente para el fracaso empresarial de distintas unidades productivas. Lo elemental establece que sin empresas no hay ni trabajo ni trabajadores. Pero esta incursión legislativa interesa poderosamente a los tótems del sindicalismo mexicano al tener a su alcance mayores beneficios para sus gremios y persona, más allá del pregonado beneficio que aterriza en el modesto trabajador mexicano. Mayor número de contratos colectivos es igual a mayores adeptos y cuotas aprovechables.
Adversidades
Las estimaciones de los promotores de esta nueva etapa inquisitiva contra la empresa plantean cifras que suenan escandalosas por su cuantía: 250 mil millones de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado que fueron evadidos durante los pasados años, que se suman a un fraude por simulación de cerca de 21 mil millones al IMSS, parecerían razones justificadas para arrancar todos los motores del Estado a favor de la legalidad.
Sin embargo la legalidad suficiente siempre ha estado al alcance. La cortedad de algunos legisladores no les deja ver que la solución a estos temas siempre tuvo que ver con que se cumpliera y se hiciera cumplir la ley y punto. Si las facultades de revisión del Seguro Social o la fiscalización del SAT fallaron no es ni justo ni oportuno descargar la reprimenda sobre la totalidad de las empresas existentes y mucho menos hacerlo en una economía que se estima caerá en el orden de 9% en este 2020.
Más aún, la empresa que hoy asoma apenas la cara a la reactivación, a pesar de un nulo aporte gubernamental desde el auxilio fiscal o financiero, encontrará un clima con mayores adversidades que en el escenario prepandémico. Nadie en su sano juicio podría estar a favor de deprimir aún más al trabajador y alentar el posible cierre de unidades económicas que es la fuente de donde él mismo subsiste.
En el otro extremo tampoco podemos estar a favor de los esquemas simulados en la tributación y pago de cuotas patronales. El núcleo de este complejo asunto es la inconveniencia que por el momento de crisis actual representa traerlo a la mesa. El problema es tan sensible que la preocupación se ha extendido allende la frontera norte. Ahí legisladores tanto republicanos como demócratas externan su intranquilidad porque la prohibición del outsourcing pueda afectar los intereses de empresas norteamericanas, incluso aun cuando son temas que formaron parte de las coberturas de seguridad laboral que se hicieron en las negociaciones del TMEC.
La inversión productiva en cualquier país es una condición necesaria para la buena marcha económica. México desde el pasado año experimenta una baja sostenida en la inversión privada: primero en 2019 de 5.1% y ahora con los estragos de la pandemia se estima que cerraremos el año con un desplome de cerca de 30%. Los empresarios ponen el dinero donde están más afianzadas las seguridades para invertir. Con acciones cuya buena intención se opaca por el impacto pernicioso en la economía, sin duda nos dolerá mucho más la medicina que la enfermedad.