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14 octubre 2022
Guillermo Deloya
Columnas

EL REY DEL PDF ILEGAL

“Al hacerlo se cae en un ilícito”.

Bastaron unos minutos, instantes quizá, para que en los mensajes de WhatsApp y Telegram apareciera a mansalva la versión en archivo PDF de un libro de enorme carga de controversia política. Además de los inconvenientes que un envío así tiene para su lectura en la pantalla de un teléfono móvil, poco se ha reparado en el análisis de la implicación que tiene consumir y circular material que en definitiva se encuentra en el plano de la ilegalidad.

No es una exageración. Y por más inocente que parezca consentir una actividad así, por igual se vuelve lesivo para los derechos de autoría, ya que se circula sin autorización de autores, editoriales o de aquel que tenga los derechos de explotación de la obra en cuestión.

Como consecuencia, la merma económica por la irrupción de la cadena de comercialización viene en conjunto a representar varios millones de pesos que se pierden irremediablemente en el espacio de la mensajería electrónica.

En nuestro país el Código Penal Federal tipifica como un delito aquellos actos que lesionen los derechos de autor. Lo anterior en su título vigésimo sexto, artículos 424 y relativos. Y aun cuando esta distribución masiva de material en la gran mayoría de casos se circula sin contraprestación económica, es una actividad violatoria de la Ley de Propiedad Intelectual.

Pero por igual a nivel global estamos ante un problema de hondas dimensiones. En España, conforme al Observatorio sobre la piratería digital de productos culturales, después de la pandemia se incrementa anualmente 10% la piratería sobre libros, en específico en formatos PDF, que se circulan por correo o servicios de mensajería.

La cuantificación del daño patrimonial a editores y autores para 2019 en dicho país asciende a casi seis millones de euros; eso sin contabilizar las versiones que se plagian electrónicamente y se destinan a lectores de libros electrónicos.

Asignatura pendiente

El panorama se complica por lo complejo que resulta intervenir en los canales de mensajería sin que resulte en sí un acto violatorio a la privacidad de las personas.

Caso distinto resulta la detección de perfiles en redes sociales o vínculos y páginas en internet donde ofrecen la descarga ilegal de ciertos contenidos. La visibilidad que da Facebook, Instagram, Twitter y demás concede la posibilidad de la denuncia, retiro del material y posible sanción a quienes transgreden la normativa.

Pero WhatsApp es totalmente distinto. A pesar de pertenecer al grupo Meta, que agrupa varias plataformas de redes, resulta prácticamente imposible interceder en un canal de comunicación de dos vías por la implicación de reserva que dicha comunicación guarda y el cual se tutela celosamente, a decir de la misma empresa.

En España, sin embargo, ya se toman acciones contundentes que permitirán en un futuro próximo lograr la protección efectiva de los derechos de creación. Para ello existe un Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), que trabaja con herramientas poderosas que derrumban los intentos de violación de la obra editorial. Por ejemplo, el SAD o Servicio de Antipiratería Digital es un programa de rastreo al servicio de las editoriales que busca hasta los últimos confines del cibermundo las copias fraudulentas. Actualmente 213 editoriales españolas han protegido mediante este sistema poco más de 51 mil obras, que menguan el daño económico procurado por la actividad ilegal. Subrayamos la palabra “menguan”, porque la asignatura pendiente, por la cual aún se sangra a los autores, son los servicios de mensajería con su consecuente circulación de material plagiado en formato PDF.

Pero no se está en inacción. Existen ya iniciativas para poner huellas digitales en materiales a efecto de procurarles un rastreo y posible destrucción, pero antes de ello se encuentra el cerco de los derechos de usuarios para la protección irrestricta de la privacidad.

El asunto es irónico en nuestro caso: proferimos críticas, maldiciones y juicios por el contenido de una obra de contenido político donde se narran supuestos ilícitos, pero circulamos con desparpajo una versión ilegal de la obra. Al hacerlo se cae en un ilícito y ahí, ojo, no es cuestión menor estar acostumbrados a la ilegalidad.