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23 noviembre, 2020
Guillermo Deloya
Columnas

INQUIETUDES QUE TENDRÍA MADERO

Reelección es una palabra que empieza a hacerse común al oído de los mexicanos. Primero por la eventualidad de los tiempos ya que la elección norteamericana deja en la conciencia colectiva de nuestro país que una nación adalid de la democracia adopta como una normalidad el que su propio presidente tenga derecho a una nueva postulación para dar continuidad a su mandato. Por otra parte porque los tiempos electorales mexicanos nos encauzan a un escenario que no habíamos experimentado y que propondrá un viraje en la concepción contenida en el histórico Plan de San Luis, donde el lema maderista “Sufragio efectivo no reelección” alcanzó niveles de dogma y credo político, intocado por muchos hasta nuestros días.

No es menor el reto por venir en el país a efecto de instrumentar con equidad y de planificar con los equilibrios suficientes la posible reelección de diputados federales, senadores, diputados locales y presidentes municipales.

Esta concesión adquirida en la pasada reforma constitucional al artículo 59 permite que los diputados federales pudiesen legislar hasta por cuatro periodos, los senadores por dos y, en armonía, plantea mismos escenarios para lo que ocurra en lo local conforme a los lineamientos de los artículos 115 y 116.

Pero no estamos ante un lineamiento constitucional apuntalado por la regulación secundaria suficiente. El tema quedó trunco en el Congreso de la Unión cuando una mayoría morenista no consiguió el cometido de profanar el sentido original para el que la modificación constitucional fue hecha.

En su origen la exposición de motivos de la reforma estableció que los objetivos alcanzables con tal acción serían la profesionalización de la función legislativa mediante la continuidad, así como una mayor cercanía e identidad con los electores representados, lo cual se traduciría en mejor focalización sobre los problemas de las demarcaciones electorales. Sin embargo el contrasentido de lo que en ese tardío marzo se quería iba en el rumbo de la no separación de los encargos aun llegado el tiempo de campaña. Con ello poco se abonaba en un tema donde injustificadamente se ponderaba el derecho a la representación, todavía bajo dudosos esquemas de inequidad para conseguirlo.

Inquietudes

En medio de una discusión por la sobrerrepresentación de fuerzas políticas en el país, y en el marco de una elección de dimensiones inusitadas, este nuevo componente puede generar enorme polarización en las postulaciones y un escenario de litigios electorales colmado de expedientes sin pronta resolución. El primero de estos problemas será un tema en la mesa de las dirigencias de los partidos políticos.

De ahí que opciones como el Revolucionario Institucional optara por transitar en sentido contrario a la democracia y dejara en gran medida al arbitrio de un solo decisor este tipo de resoluciones. En el otro extremo están partidos políticos que tendrán que procesar sus decisiones para postular dentro de los órganos deliberativos internos; pero en ambos casos la inconformidad será la constante.

En el segundo cauce de la problemática la mencionada inconformidad puede empujar a diversos litigios por estimar afectados derechos político electorales con la consecuente ralentización de las nominaciones y la sobresaturación de los tribunales electorales.

Pero más allá de las anteriores inquietudes están los principios de equidad y de transparencia que se verían seriamente contrariados si el Instituto Nacional Electoral no presta especial cuidado a la neonata reelección mexicana. Como una primera condicionante de participación tiene que mediar la separación del cargo actual de manera obligada. Lo anterior propicia la no utilización de recursos públicos en las campañas y resta dificultades en la fiscalización. Además, como segunda condición, se debe generar empatía en la postulación, tanto en la fuerza política que lo proponga como en la modalidad de la misma, que en el caso de los diputados puede ser plurinominal o de mayoría por elección.

Con esos dos candados, aunados a un reforzado esquema de fiscalización de aplicación de recursos, el INE tendría un cerco suficiente para empezar el tránsito hacia normalizar la reelección con bases de legalidad absoluta.

Quizá con ese esquema electoral los propios Madero y hasta Díaz restarían fragor a postulados en sus planes de San Luis, Tuxtepec y La Noria. Y comprenderían que, con justificación de trabajo honesto y eficiente y autoridades actuantes, la reelección puede ser posible en esta patria.