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13 septiembre 2021
Guillermo Deloya
Columnas

LAS REFORMAS QUE VIENEN

“Son momentos de definiciones que precisan de una negociación responsable”.

Charles Sanders Pierce, filósofo estadunidense, estableció que una de las percepciones humanas que generan mayor cohesión colectiva en su resolución positiva es el consenso.

Pierce defiende invariablemente una perspectiva humanista; pondera subrayadamente el uso del diálogo como método de resolución de conflictos; entiende la razón como instancia puesta al servicio de la humanidad y promueve la búsqueda de la verdad y de la justicia como deberes, pero también como derechos de personas y grupos.

Y cierto es que, en razón de la profundidad de los cambios propuestos, esta segunda mitad de sexenio puede transitar por un disenso atrofiante que pocos dividendos deja a la democracia mexicana. El restante trienio, sin embargo, se enfocará en conseguir la consolidación y calado de proyectos prioritarios a pesar de lo controvertido que se anticipa que resultarán las discusiones para el aterrizaje de las reformas a proponer. Tres iniciativas que arrancan con anticipo de oleaje en el mar legislativo y que, sin duda, son modificaciones disruptivas de diversos paradigmas que han regido en este México que clama por resultados en seguridad, energía y democracia.

Y así, en esa correspondencia, estarán presentes en la discusión del renovado Congreso la reforma sobre la Guardia Nacional (GN), la correspondiente al sector eléctrico y la relativa al tema político electoral.

El primer tema constituye en su esencia un pendiente añejo; la crisis de inseguridad y crimen que vivimos los mexicanos se extiende hasta donde la memoria alcanza. Por ello, para fundamentar la actuación de la GN, está prevista su adscripción orgánica bajo el mando militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. La reacción de organizaciones de la sociedad civil y políticos radicados en la oposición ha sido rancia de antemano. La preocupación fundamental versa sobre la inexistencia de un plan integral que adjunte armónicamente la labor de los círculos encargados de la provisión de seguridad en los ámbitos municipal, estatal y federal. Además, se argumenta que la propensión hacia un esquema violatorio de derechos humanos es exponencial cuando se militariza la función policíaca. Sin embargo, si la ubicación de la GN viene a ser un dique para el avance rampante del crimen debemos darle la bienvenida, siempre y cuando se acompañe de un plan estratégico para su funcionamiento y se propicie una integración operativa que aún no se concreta a cabalidad.

Rumbos

En segundo término, la reforma eléctrica que asoma en el horizonte con seguridad será una modificación legal que apunte al fortalecimiento de la participación y rectoría estatal en la materia. En este rubro valdrá la pena observar tres cuestiones fundamentales. ¿Qué tanto se adecuará a los protocolos internacionales para el fomento a la producción de energías limpias? Hay cuestiones impostergables dentro de la política energética que se supeditan incluso a tratados internacionales. Por otra parte debemos considerar si el abaratamiento de los costos en la provisión de energía eléctrica no absorberá fondos desde los recursos públicos en vez de generarlos por eficiencia y productividad. Por último estemos atentos a que las modificaciones no propicien esquemas violatorios por derechos adquiridos de inversionistas que con anterioridad apostaron en diversos ramos de la industria. Si se tiene cubierto este espectro de inquietudes, ¿quién podría estar en contra de contar con energía a precios más accesibles?

El último cajón donde se empaqueta una tercera reforma es quizás el más controvertido por la oposición generada y lo álgido de la discusión y posturas de los involucrados. La reforma político-electoral tendrá un abordaje múltiple; con posturas diversas que se traducirán en al menos seis propuestas legislativas diferentes. De origen, muchos somos los que clamamos por que nuestra democracia no sea un universo infinito de gastos que poco apuntalan la participación y creación de cultura ciudadana, y mayormente favorecen a la burocracia y al partidismo insaciable. No podemos más que saber que este particular intento reformista del sistema y sus órganos será una real complicación en el escritorio de los responsables de su materialización.

Son momentos de definiciones que precisan de una negociación responsable y constructiva apoyada en justificaciones técnicas y comprobables. Ojalá que de esa rica discusión broten los rumbos fortalecidos en el consenso al cual aludió el filósofo Pierce. El país lo requiere como nunca.