Para muchos parece que la cacería hubiese iniciado cuando, en un evento inusitado, la Fiscalía General de Nueva York anunció que presentó demanda contra Donald Trump, además de sus hijos Donald Jr, Erick e Ivanka.
Anuncio que con una enorme carga de sensacionalismo hiciera la fiscal Letitia James, pero que tal vez signifique un mero “relumbrón” que difícilmente pondrá al expresidente de Estados Unidos detrás de las rejas.
Más allá de la solidez que el caso pueda presentar en su probanza legal, el asunto nace de origen viciado: la fiscal James no puede negar su apego y afiliación a un Partido Demócrata que empieza a buscar vías para cerrarle el paso al que para algunos cuenta con las mayores posibilidades de acceder de nueva cuenta a la candidatura republicana por la presidencia.
El alegato sobre persecución con fines políticos se podría convertir en el eje central de la discusión de un asunto que, más bien, tendrá que ventilarse en el tecnicismo de un sistema fiscal sumamente complejo como el estadunidense.
No es cuestión menor. Llegar a una sentencia condenatoria por este manejo será una empresa titánica para la fiscalía; por otra parte, cuanto más tiempo transcurra más se fortalecerán los argumentos que desde este momento esgrime la defensa de los ahora acusados en torno de la vendetta política.
El dicho de la parte acusatoria sostiene que los acusados llevaron a cabo diversas operaciones y acciones simuladas que tenían como objetivo elevar hasta la irrealidad el valor de sus propiedades. Múltiples engaños a aseguradoras, prestamistas y al fisco fueron el actuar constante durante los cuatro años que duró el mandato de Trump, conforme al dicho de la fiscalía. Sin embargo, el caso puede pender de alfileres por un par de cuestiones que ameritan un análisis.
Rimbombante
En primer término, la afectación a bancos y aseguradoras tendría que motivar una acción civil reparatoria contra los acusados. Hasta hoy los señalamientos de la fiscalía se instalan en un litigio frontal sin que las instituciones agraviadas hayan tomado parte activa en la acción legal. Por otra parte, se sabe que este tipo de casos donde se alega el ilegal avalúo de propiedad son en realidad extremadamente inusuales para llevarse al conocimiento y valoración de un juez. En el antecedente más próximo, en 2016 el Estado presentó cargos contra Steven Croman, quien habría usado información fraudulenta para su uso en investigaciones bancarias encaminadas a la obtención de distintos financiamientos. El desenlace de tal confrontación legal fue un arreglo conveniente al haberse entrampado en alegatos sumamente técnicos que, a decir de expertos en derecho fiscal anglosajón, pueden llevar a conclusiones contrapuestas por quienes en su momento tuvieran la responsabilidad de juzgar el caso y dictar la correspondiente sentencia.
Y no es esta, además, la primera ocasión en la que la fiscalía pretende llevar a la familia Trump ante la justicia. Ya en 2018 sustanció un caso exitoso en la corte, en el cual se probó que la Fundación Trump participó en diversos esquemas de financiamiento ilegal para la campaña del entonces presidente y consiguió el mandato para disolver la organización y promover la capacitación de los operadores en materia de fondos de caridad.
Pero el presente caso, a pesar de lo rimbombante que pueda sonar, no tiene consecuencias que apunten a que alguno de los acusados pueda vestirse de rayas para compurgar pena alguna. Las posibles consecuencias variarían en un esquema económico y la posible prohibición para la realización de negocios en el estado donde concretamente se origina la demanda.
En otro polo del asunto, no se sabe a ciencia cierta qué tanto puede este mismo ser uno de aquellos que, con enorme astucia y fondos, el expresidente Trump pueda utilizar para catapultar sus intenciones políticas de manera favorable. Si puede comprobar ante el escrutinio legal que este es un conflicto cuya naturaleza raya en lo político tendrá materia de discurso para victimizarse ante la intentona demócrata por sacarlo de la carrera.
Lo cierto es que por elemental lógica nunca se ataca a quien no es un peligro futuro. ¿Acaso Trump le quita el sueño a más de uno?