La exigencia continua e incremental por una democracia funcional es una característica inseparable de las sociedades. De tal forma, se genera animadversión ante la simulación de aquello que, en estricto sentido, no apuntala o no produce democracia de calidad.
Muestra de ello es el reciente rechazo desde el electorado mexicano a los nuevos partidos que muy poco aportaron en el espectro de oferta política valiosa y más bien llegaron a apuntalar la idea de que se viven tiempos de deterioro en la creencia depositada hacia quienes deberían ser actores y garantes de la calidad democrática en nuestro país.
En el otro polo encontramos a instituciones que, como el Instituto Nacional Electoral (INE), por igual y con mayor razón deben procurar un ambiente de credibilidad, empatía y sana convivencia en el contexto electoral y democrático de este México que tiende a polarizar sobre el tema.
Por ello el reciente episodio donde el fondo aparente de la discusión entre el INE y el gobierno federal es la suficiencia de fondos para llevar a cabo un ejercicio de democracia directa, habría que analizarlo con mayor detenimiento.
Es propicio el momento para saldar viejas discusiones que se abordan medrosamente a lo largo de los años y tienen que ver con el costo de la democracia mexicana. En primer término están las multimillonarias fugas de recursos públicos destinados a sustentar el financiamiento gubernamental de los partidos políticos que, sobra decir, muy poco cumplen con aportar en positivo al sistema electoral. En la gran mayoría de los casos el destino de los fondos otorgados desde el presupuesto es apuntalar pretensiones y proyectos personales; y en un gran porcentaje culminan por enriquecer a las élites dirigentes de lo que se convierte en una franquicia poco funcional para la democracia misma. El dinero concedido con facilidad no ha hecho más que alejar a las dirigencias de la militancia y a los partidos de la sociedad.
Ruta
Por otra parte, bien es cierto que toda institución u organización puede generar reingenierías de gasto enfocadas a mejor funcionamiento con menor recurso. Sin embargo, dicho cometido por la eficiencia no puede trastocar por asfixia el cumplimiento de las labores mandatadas por ley. Es aquí donde la discusión por la tan sonada consulta sobre la revocación de mandato adquiere una dimensión trascendente, sobre todo cuando el mundo en su conjunto se encuentra en una situación de precariedad económica y de incertidumbre sobre el porvenir. Ahí donde los dineros escasean un gasto de tres mil 800 millones de pesos podría encontrar un destino más productivo, en especial cuando estamos en un campo donde, como ya se precisó, la democracia no constituye un campo fértil y prodigioso en el pensar colectivo del mexicano.
Pero la ruta aún tiene algunos kilómetros por andar y la instancia encargada de dirimir este entuerto será, en lo inmediato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El garante constitucional debe resolver sobre la controversia presentada por el INE y es ahí donde el camino bifurca en dos sentidos; si se resuelve sobre la insuficiencia de fondos para llevar a cabo el ejercicio de revocación, optará por la provisión de los mismos y el escrutinio sobre la correcta aplicación de los dineros será férreo. Si, por otra parte, resuelve en el sentido de la real existencia de la posibilidad de llevar a cabo el ejercicio de consulta para la revocación con lo existente el INE estará entrampado en un escenario de escarnio que reforzará esa apreciación negativa que lo ubica como promotor de codicia.
Además, si este es en verdad un ejercicio que interesa al común de los mexicanos, para la fecha límite que ya llega tendremos por conseguidas las firmas necesarias de la ciudadanía para que esto se realice. Es ahí donde la voluntad popular se convierte en mandato. Pero esa expresión soberana no se puede convertir en un pleito callejero que empuje aún más al deterioro.
Hay que insistir en lo importante que resulta cumplir la ley en sus términos, con la real observancia de requisitos de validez que implica el ejercicio de revocación. Para ello hay que contar con responsabilidad, credibilidad y solvencia.