LUCES CONTRASTANTES EN UN SEMÁFORO CONFUSO

Sería deseable la conciliación de posturas de todos quienes se involucran.

Guillermo Deloya
Columnas
Deloya-Planta_Volkswagen-3-CO.jpg

A veces la presión social que se exacerba se convierte en impopularidad; a veces el ánimo protagónico que denota un don de mando y control; otras veces el conocimiento de circunstancias sociosanitarias que poco se avizoran desde un lejano escritorio en la Ciudad de México, y en otros muchos casos la contraria opinión que sistemáticamente se contamina de la apreciación con lentes de la política. Lo cierto es que el dilema sobre la aplicación del semáforo que este 1 de junio constituirá el referente para el tránsito hacia la “nueva normalidad” viene a poner en relevancia la enorme falta de coordinación y voluntad que ha prevalecido en la ya posiblemente desgastada relación de la Federación con los estados, o al menos con una importante parte de todos los que componen esta gran República.

Las particularidades de casos específicos ponen en polos opuestos a Federación y entidad federativa. Es así como se ha desarrollado el conato de aparente confrontación por la apertura de la industria automotriz, concretamente en Puebla. En dicha entidad las principales industrias del ramo, Volkswagen y Audi, se han ceñido a la brillante luz verde que la Federación les otorga a través del decreto del pasado 15 de mayo, donde se les considera como actividades esenciales para la economía y por tanto procedería la apertura de la industria siempre y cuando se cumplan con las medidas y normas de salubridad e higiene en las instalaciones. Sin embargo el freno con un amenazante semáforo en rojo que el gobierno estatal les ha puesto enfrente contrasta con la intención federal por procurar el inicio de una nueva marcha de procesos productivos que activen con mayor vigor la mancillada economía. La industria automotriz en esta entidad federativa no puede arrancar actividades porque existe un decreto estatal fechado el 22 de mayo que prohíbe tal arranque.

Argumentos

Ahí es donde se encuentra un maremoto de discrepancias que no vienen más que a coronar la larga cadena de desatinos y confusa información que desde el inicio de la crisis por Covid-19 se gestó desde el gobierno federal en sus cifras, así como en el estilo con toques dictatoriales que algunos mandatarios estatales han manifestado dentro del escenario que, por la circunstancia, los hace relucientemente visibles ante pobladores y medios de comunicación.

Recurrimos a la disertación primaria del problema en Puebla: existen argumentos para entender la preocupación de un gobernador que ante una apertura que involucra la circulación de poco más de 16 mil trabajadores de ambas empresas; y también se entiende la necesidad de centralización efectiva de datos (siempre y cuando sean veraces) que permitan tomar decisiones con atingencia y celeridad. Por otra parte, reluce el conocimiento pormenorizado de circunstancias específicas de una entidad por parte de aquel o aquella que tiene la responsabilidad de gobernarla. En otro extremo salta al escenario por igual la necesaria rienda que la Federación procura mantener, ante un escenario que puede ser la puerta de entrada para escisiones y posturas encontradas con otros mandatarios estatales.

Lo cierto es que ante un decreto estatal que tiene validez jurídica, aún queda la posibilidad de la impugnación por la afectación de los intereses de las empresas. Un mandato fundamentado en la Ley General de Salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en la Ley Estatal de Salud tiene la consistencia para que a ella corresponda la obediencia mandatada desde la autoridad, sin que ello imposibilite que se pueda recurrir al Juzgado de Distrito a efecto de solicitar la suspensión provisional y con ello poder llevar a cabo una apertura que, seguramente, está altamente presionada por intereses económicos que van allende las fronteras de los ríos Bravo y el Suchiate. Además la posible “judicialización” de la apertura pondrá en la responsabilidad del Poder Judicial un tema que empieza a arder entre las manos de algunos.

De esta forma se significa con mayor énfasis la confusión derivada de la aplicación del afamado semáforo, el cual ya es propiedad absoluta del gobierno federal según el dicho de la Secretaría de Gobernación. Sería deseable la conciliación de posturas mediante la cooperación y buen talante revestido de talento, de todos quienes se involucran en un episodio altamente complicado.