¿Quién ha estado exento de una llamada de telemercadeo, de un correo electrónico publicitario o de un panfleto que misteriosamente llega a nuestro domicilio sin rastro alguno del porqué se nos tiene perfectamente identificados y ubicados con datos personales que no se publicitaron de forma alguna? En casos más delicados, miles de mexicanos son víctimas de delitos cometidos mediante suplantación de personalidad que bien pueden entrañar desde la contratación de deudas hasta la violación de la información bancaria con todo y sus pertinentes candados de seguridad.
En México el robo de identidad es una conducta ilícita y se tipifica como tipo penal que particulariza la pena según sea la modalidad en el caso por caso. Sin embargo, en un mundo interconectado y con uso exponencialmente creciente del internet, a esta actividad criminal ya se le considera en Reino Unido como el delito con mayor tasa de crecimiento global.
Nuestro país ocupa el octavo lugar en el plano internacional en lo que hace a este delito, según datos del Banco de México.
Pero esta perniciosa actividad tiene un punto de arranque común: la obtención de datos personales en fuentes concentradoras de información sensible, que fallan en el cometido de lograr un resguardo seguro de la misma. Este es el caso de los datos contenidos en el padrón electoral que, aunque mínimos para un esquema de identificación personal completo, sí proporcionan un perfil básico que puede complementarse por deducción de los delincuentes o por datos adicionales generalmente obtenidos en redes sociales.
Es así que en una tarea de esencial cuidado el Instituto Nacional Electoral (INE) una vez más falla y parecería que esta situación se hace recurrente. A más de una década del primer incidente, en esta tercera ocasión se detectó la posible circulación con fines comerciales de los datos de identificación electoral de casi 90 millones de mexicanos. Una situación que preocupa cuando se tienen a la vista un par de antecedentes que tanto en 2012 como en 2016 quedaron en la absoluta indefinición e impunidad.
Identidad
Bien es cierto que las vías para la obtención de dichos datos no necesariamente ponen en el centro de la sospecha al INE, pero por igual es verdad que corresponde al instituto la formal custodia del padrón electoral a través del Registro Federal de Electores, cuyos usuarios exclusivos son los partidos políticos. Al tener dicha responsabilidad se orientan recursos que se significan en una estructura interna que no solamente de forma correctiva debería funcionar, sino por igual procurar un cerco de inviolable acceso que ya no dejará duda de su propia efectividad.
La emergencia se manifiesta una vez más como un reto para la verificación sobre el correcto uso de los datos por parte de los legítimos usuarios y el reforzamiento de las vías para la compartición de la información mediante las seguridades y candados necesarios. La Unidad Técnica de lo Contencioso, el Órgano de Control Interno, la Dirección Ejecutiva de Administración y otras instancias internas que en mayor o menor medida tengan injerencia en el proceso deben y pueden reforzar sus esquemas en aras de que, en un primer momento, se aporten los elementos suficientes para que esta investigación reciente no se quede nuevamente en el olvido, y de que se prevengan eventos futuros que colman de dudas sobre el correcto actuar de partidos e instituto en este tema en particular. Completan el círculo para llegar a conclusiones sobre este posible robo y comercialización de datos la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la propia Fiscalía General de la República, así como la Policía Cibernética, que cuenta con los medios para un rastreo minucioso de ese flujo de datos que hoy se encuentran al garete.
Estamos ante un escenario delicado donde el destino de la información obtenida de forma ilegal puede ser diverso. Sin embargo tengamos en cuenta que en esencia se defiende el derecho a la identidad, así como la correcta custodia de los datos que llevan a su comprobación; espíritu de ley vertido en la propia Constitución, así como núcleo de diversos tratados en la materia. El Estado mexicano debe garantizarnos ese derecho. Atención, que hay mucho en juego.