La criminalidad es un flagelo social que al igual que otros procesos de la colectividad evoluciona con el trayecto del tiempo. El crimen se despliega en adaptación a las circunstancias y condiciones que imperan en el momento y propone nuevas maneras de operación conforme a posibilidades y limitantes.
Así ocurre no exclusivamente en nuestro país: el crimen organizado a nivel internacional cambia en un mundo de mayor inmediatez e interconectividad.
Poco más de una década bastó para ubicarnos en un escenario de cambios vertiginosos que modifican tanto la forma de operación de las corporaciones delictivas como su acomodo con la sociedad y la manera en que las autoridades enfocan esfuerzos y recursos para su combate. Por ello la revisión periódica de los programas que significaron apoyos para nuestro país, como fue la Iniciativa Mérida, es una acción deseable siempre y cuando se establezcan las vías atingentes de cooperación que no permitan un paso libre al crimen organizado.
Después de 13 años y tres mil millones de dólares se deja atrás un mecanismo de cooperación básicamente enfocado a la confrontación militar y armada del delincuente. En esa ruta, la injerencia y calificación de nuestro vecino del norte frecuentemente desató polémica y visiones encontradas por el grado de cumplimiento que se tenía en la aplicación de los fondos y su deseada efectividad. Sin embargo, sobra decir que durante dos sexenios el impacto de dicha iniciativa fue sumamente borroso y con tendencias al alza en materia de homicidios y violencia. El mundo ha cambiado y por tanto el enfoque debe también cambiar.
Capacidades
Es de celebrarse que México y Estados Unidos establezcan un nuevo panorama de entendimiento donde la relación bilateral tiene dos pilares notorios en el fenómeno migratorio y en la seguridad. El arranque de este esquema renovado parte del denominado Entendimiento Bicentenario, donde se plasma como un triunfo mexicano la relación respetuosa de pares. Con este esfuerzo se busca un conjunto de acciones coordinadas entre países con un enfoque de prevención y protección, mismo que ha sido hilo conductor de las acciones de nuestra nación en el combate al crimen organizado. Lo virtuoso de este vínculo es que por primera vez se hace énfasis en el problema que enfrenta Estados Unidos por la libertad irrestricta para la venta y circulación de armas de fuego, así como el problema de salud pública que le representa el consumo de estupefacientes.
Son estos dos factores un catalizador poderoso en el avance de la criminalidad de este lado de la frontera y no habían encontrado eco para su atención por la propensión constante de los norteamericanos para ocultarlos debajo del tapete. Ahora, en una coyuntura en la que EU urge de la ayuda mexicana para el control del tema migratorio, el contexto fue propicio para establecer un intercambio que habrá de precisar de programas específicos, los cuales se encuentran aún en el tintero. Sin embargo, no son pocos los pendientes que habrá que bordear para que cada participante del trato pueda cumplir con eficiencia sus compromisos.
Un punto que será materia de discusión será la legal estancia y presencia operativa en territorio nacional de los agentes extranjeros, quienes hoy tienen un dique de contención con la Ley de Seguridad Nacional que impulsa el gobierno federal. Esa prioridad estadunidense significa para muchos un cabo suelto que se convierte en materia de negociación para el intercambio. El espíritu de no intervención que rigió la declaración conjunta se contrapone con este petitorio que tendrá que saldarse a efecto de avanzar en otras contraprestaciones, como los esquemas de inversión social en Centroamérica solicitados por México.
Lo cierto es que este acuerdo llega en un momento de necesidad de EU por el problema migratorio. Ese tema es motivo constante de cuestionamiento por parte de los republicanos, quienes contribuyen a la merma de popularidad del presidente Biden. México puede hacer valer su apoyo para el cuidado del fenómeno, siempre y cuando la contraprestación estadunidense atienda con mayor efectividad tanto los orígenes como las manifestaciones de la criminalidad, a la que ya debe ubicarse con contundencia muy debajo de las capacidades del Estado mexicano.