La violencia contra mujeres, niñas y adolescentes es actualmente uno de los mayores problemas públicos que se viven a nivel global y nacional. Mujeres en todo México ven vulnerados sus derechos más básicos de respeto a la dignidad, de acceso a una vida libre de violencia; se les priva de su derecho a la vida.
A cuentagotas llegan a México avances que intentan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se promulgan algunas leyes, se reforman otras tantas.
El problema es que a pesar de que se diseñan e implementan políticas públicas, a pesar de que vivimos entre instrumentos que miden la violencia y entre mecanismos especializados para la atención de mujeres violentadas, aún no vemos resultados sólidos.
Nuestra legislación en la materia es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, hace 15 años.
Esta ley establece los tipos de violencia: sicológica, física, patrimonial, económica, sexual… Reconoce que la violencia contra las mujeres puede suceder en el ámbito familiar, en la escuela, el trabajo, la comunidad; y muy importante, se define la violencia feminicida: la forma extrema de la violencia de género contra las mujeres.
A 15 años de su promulgación, es momento de que esta ley deje de ser letra muerta.
Incluso prevé órdenes de protección, de emergencia, y su articulado define responsabilidades, establece acciones…
Pero aquí la pregunta es: ¿cuándo pasaremos de las reformas a la instrumentación? ¿Cuándo veremos acciones normativas y operativas con base en nuestra legislación vigente?
Prevención
No olvidemos que se avecinan importantes procesos electorales. ¿Se protegerá a las mujeres candidatas? ¿O volveremos a escenarios de violencia política contra la mujer?
El próximo año habrá elecciones en el Estado de México y Coahuila, donde se renovarán los titulares de las gubernaturas, como los integrantes de sus Congresos locales.
También estamos en un momento previo a importantes movilizaciones rumbo a las elecciones de 2024, donde además de nuevo titular del Poder Ejecutivo elegiremos a los integrantes del Senado de la República y los de la Cámara de Diputados federal; y votaremos para renovar nueve gubernaturas y 30 Congresos locales.
En este contexto es indispensable hablar de una oportuna prevención de la violencia política contra las mujeres.
Actualmente existe falta de homologación y armonización normativa en las entidades federativas con respecto de los logros alcanzados a nivel federal en esta materia.
Hoy contamos con tres marcos legales que buscan disminuir los abusos y omisiones de que son víctimas las mujeres políticas en México. Se trata de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres y la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
Pero si no hay armonización con la legislación local se crean lagunas legales que ponen en riesgo la seguridad de las candidatas que durante los próximos meses buscarán ejercer sus derechos políticos.
Ante tal compromiso electoral es impostergable que se continúe legislando para combatir la violencia política contra las mujeres. Estamos aún a tiempo rumbo a 2024.