Los eventos sísmicos que nuestro país ha vivido generalmente han dejado una larga secuela de consecuencias, adicional a la más lamentable que significa la pérdida de vidas. Y dentro de esa enorme cadena de implicaciones que trascienden años y décadas está la inevitable ruta de previsión que implica contar con edificación adecuada para resistir el impacto de movimientos telúricos que siguen y seguirán suscitándose para los años venideros.
Hay dos cuestiones que atañen a la vivienda en este escenario de constantes afectaciones por terremotos. La primera es remedial y ronda en qué tanto se ha podido saldar el rezago en la construcción, reparación y entrega de casas a los afectados por los fenómenos naturales. La segunda es preventiva y tiene que ver con la normatividad y tecnicismos sobre la vivienda a edificar, así como su ubicación e idoneidad conforme a las distintas zonas geográficas de nuestro territorio.
En el primer cauce de análisis encontramos la responsabilidad subsidiaria del Estado a efecto de apoyar mediante edificación a aquellos que resultaron afectados en su vivienda por los terremotos. Ahí debemos decir que los adeudos son impactantes. Incluso de aquel lejano evento de 1985 subsisten cicatrices en algunos miles de personas que aún se encuentran en una situación de albergue, dentro de los seis asentamientos “temporales” que se habían dispuesto para las familias afectadas. El ritmo para la entrega de viviendas a estas personas en específico se ralentiza con los años. Según el Instituto de Vivienda de la CDMX desde 2018 se entregan poco más de 120 casas en promedio a los afectados que aún viven en el hacinamiento de lugares como Barriada de Mejía, al norte de la ciudad.
Mucho interviene por supuesto que, a tanta distancia, la mano oscura de organizaciones y liderazgos manchan la real necesidad con la conveniencia y no se sabe a ciencia cierta quiénes son los verdaderos y legitimados destinatarios.
Rezagos
Por su parte, la reconstrucción comprometida por los sismos de 2017 al igual presenta enormes rezagos. Conforme a los datos oficiales asentados en el último informe de gobierno hasta la fecha se entregaron ocho mil 24 viviendas completamente restauradas y se tiene en proceso de atención a poco más de once mil.
Sin embargo, organizaciones como la Asamblea de Damnificados de Tláhuac sostienen que no se ha dotado de vivienda o reparación a más de tres mil afectados y, como siempre, la intermediación de organismos deviene en el litigio de números y la certeza de la pertinencia de las acciones para ciertos destinatarios.
En el interior de la República, concretamente en el Istmo oaxaqueño, el caos aún impera. En estimaciones de organismos privados se considera que no se ha logrado la reparación o reedificación en más de 40% de las afectaciones.
Y el otro cauce de análisis bifurca en dos vertientes importantes. En un primer lugar, en grandes centros urbanos ¿qué tanto se ha puesto rigor en el otorgamiento de licencias para construcción? En segundo lugar, en ubicaciones de alta sismicidad ¿qué tanto se orienta la autoedificación para que se cumpla con la exigencia de resistir un evento telúrico?
En este particular segundo punto hay que decir que, conforme a los más recientes datos de la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI, más de 50% de toda la vivienda mexicana es autoconstruida. De ahí surgen mayores problemas, como la calidad e idoneidad de los materiales empleados, así como los requerimientos de construcción en razón del rezago habitacional. En este punto la propia Comisión Nacional de Vivienda estima que cerca de nueve millones de hogares presentan características propias de un rezago.