Por principio, a toda la ciudadanía a la par que a las estructuras de gobierno, en México o de cualquier país en el mundo, ya que ese invaluable recurso institucional tiene por finalidad preservar la unidad geopolítica, la soberana viabilidad de la nación y la contención (a veces sometimiento) de antagonismos que pongan en riesgo el funcionamiento de los sistemas sociales.
Hasta aquí, el análisis teórico es sencillo.
Sin embargo, viendo a los militares y marinos de México, luego de más de diez años, empeñados en tareas de apoyo a la seguridad pública a petición de autoridades y sociedad, es imposible no destacar la omisión en la creación de leyes, presupuestos, medidas políticas, diplomáticas, presupuestales y mediáticas que vayan en el mismo y correcto sentido de tratar de recuperar la paz pública en varias partes del país.
Ya pasaron las elecciones. Un vistazo, incluso superficial, nos puede decir cómo sufragó la ciudadanía en lugares agobiados por la delincuencia.
Por otra parte, de unos meses a la fecha hemos observado en diversos medios de comunicación internacionales la intensa difusión de documentos, informes e investigaciones de organismos multilaterales y de diversas Organizaciones No Gubernamentales a propósito de la situación de los derechos humanos en México durante los últimos años.
Hay dos denominadores comunes. El primero se refiere a responsabilizar a las Fuerzas Armadas como principal y fundamental actor en materia de la lucha contra el crimen organizado y, en consecuencia, de ser el principal actor de violaciones a los propios derechos humanos.
Sin embargo, las respuestas de parte de las oficinas del gobierno de la República han sido, además de pobres en contenido, inconsistentes en argumentos. De ninguna manera, hay que subrayar, se trata de justificar arbitrariedades o abusos. Desde luego que no. Los que ha habido se han sancionado. Pero lo inexplicable hasta el momento es que se acuda a explicaciones que no toman en consideración el número de acciones diarias, sí, diarias, que decenas de miles de soldados y marinos cumplen por todo el país. Una muy elemental operación matemática dará por resultado que lo verdaderamente excepcional son los errores en el cumplimiento de las órdenes. ¿Por qué no se ha dicho eso?
Correspondencia
Y en cambio se acepta que México “vive en guerra” citando los polémicos “índices de letalidad”. Ni una palabra respecto del tráfico de armas de Estados Unidos a las bandas de delincuentes en nuestro país, que por otra parte es uno de los principales argumentos —la capacidad de fuego— para que nuestras Fuerzas Armadas les hagan frente.
El segundo denominador común es que se dejan pasar graves acusaciones que homologan la violencia criminal con las acciones de recuperación de la paz, como lo expresa el informe de la Open Society Fundation.
Cualquier sondeo de opinión o encuesta revela el alto nivel de aceptación y reconocimiento que tienen las Fuerzas Armadas por parte de la sociedad mexicana. Esa evaluación, ganada en el día a día, sí que es un patrimonio de legitimidad para cualquier gobierno, autoridad y partido político. Insisto: hay que revisar al detalle cómo se votó el pasado 5 de junio. La lealtad debe corresponderse. Con el prestigio y acciones de las Fuerzas Armadas todo el país sale ganando. A veces me da la impresión de que a varios actores políticos eso no les resulta tan evidente.