Con una sincronía perfecta, por los mismos días (18 y 19 de octubre) en que se daban a conocer supuestos abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de la Armada de México contra habitantes de la sierra de Durango y Sinaloa durante sus labores de persecución a Joaquín Guzmán, también se difundía una fotografía en las redes digitales de comunicación donde un helicóptero de la propia Armada aparece abatido, cuando en realidad se trata de una imagen que corresponde a un accidente en el poblado de Los Húmeros, Veracruz, sucedido el 10 de septiembre de 2009.
¿Quién diseminó tan grave mentira? Porque lo cierto es que hasta el momento no hay un solo recurso interpuesto contra las acciones de la Infantería de Marina.
No menos grave, e indicativo del tiempo que vivimos, en una postura pública, el Departamento de Estado norteamericano, mediante una amplia nota dada a conocer por el diario The Washington Post el pasado 18 de octubre, explicó que la medida de recortar en cinco millones de dólares los recursos de la Iniciativa Mérida para 2016 obedece a que no se ha podido “demostrar un consistente avance” en la defensa de los derechos humanos.
La misma cobertura del influyente rotativo mezcla los casos de Ayotzinapa/Iguala y Tlatlaya con el informe del Departamento de Estado, para referirse de forma directa al Ejército mexicano como la institución responsable de la molestia del gobierno de Washington.
Y para cerrar el círculo del acoso a las Fuerzas Armadas, la postura aceptada por la representación del gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día 20 de este mes, en el sentido de que sea mediante el Ministerio Público como se pueda interrogar a los soldados del 27 Batallón de Infantería para el caso de los normalistas desaparecidos, es un paso más en la creación de un ambiente de sospecha y atribución de responsabilidades, que a todas luces el Ejército Mexicano no tiene en ese asunto.
Ya han sido interrogados de hecho 50 elementos de dicho Batallón y sus testimonios se encuentran en la averiguación desarrollada por la Procuraduría General de la República, misma que como sabemos está en línea y es de acceso público. ¿Qué más se quiere o desea saber? ¿O se busca encontrar una mínima discrepancia entre ¡50 testimonios! para que a partir de allí se construya una versión a modo de inculpar al Ejército?
Más preguntas
Es una extraña coincidencia política, por llamarla de alguna forma, la que hay entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos de México, las oficinas del gobierno de Estados Unidos, organismos multilaterales, medios de comunicación en esa nación y la nuestra, aunado todo a una evidente parálisis legislativa en nuestro país en cuanto a la cobertura jurídica para el personal militar que lleva poco más de diez años actuando de forma intensa y extensa en tareas de apoyo (y en no pocas veces, de total suplencia) a las autoridades locales y a la población en general.
Cada vez que se dan a conocer mediciones respecto de la confianza y valoración de la ciudadanía respecto de sus Fuerzas Armadas, la andanada de señalamientos, fundados o no, adquiere una notable intensidad.
Desacreditarlas es el objetivo evidente, pero las preguntas son: ¿para qué hacerlo? y, más profundo aún, ¿quién sale ganando en ese pernicioso escenario?
México y los mexicanos, no. El gobierno y las autoridades, tampoco. La sociedad, menos aún, cuando sabe que su último y principal recurso para poder vivir relativamente en paz es la presencia de soldados y marinos. Sin instituciones legitimadas en el día a día, el Estado en su conjunto se debilita.