Aunque parece que en México muy pocos funcionarios y legisladores se dan cuenta, cualquier modificación, ajuste y adecuación a esa institución conlleva a su vez afectaciones en la misma proporción al funcionamiento del Estado: en varias partes del mundo donde se hace frente a nuevos y poderosos antagonismos, la búsqueda de fórmulas legales, presupuestales y políticas es una de las principales preocupaciones de los gobiernos.
Veamos, por ejemplo, el muy importante e histórico caso de Colombia. En su solemne discurso en la ceremonia de la firma del inicio de los acuerdos para la paz en su país, el presidente Juan Manuel Santos se refirió de forma explícita y amplia a “los héroes de nuestras Fuerzas Armadas que dieron la vida por la patria”, luego de 52 años de conflicto con la guerrilla.
El valor aportado por los militares de ese país para conseguir que tarde o temprano se impusiera el Estado de Derecho ha sido extensamente valorado por todas las fuerzas políticas y sectores sociales. No hay duda de que el principal y fundamental recurso de la nación colombiana para alcanzar la meta de la paz fueron la disposición, adiestramiento, equipamiento, capacidades y doctrina de sus Fuerzas Armadas. Ya se sabe: los excesos y abusos también se castigarán.
Mientras tanto, en Francia se avanza en la formulación de un marco doctrinario y jurídico que le permita a la autoridad civil y a las jerarquías militares estar en condiciones de actuar ante y, sobre todo, respecto de la amenaza terrorista. Como ya lo he apuntado en anteriores colaboraciones, la acción y disposición de los partidos políticos, tanto en la Asamblea Nacional (Cámara de Diputados) como en el Senado de la República, permite actuar por unanimidad en conjunto frente al grave peligro que representa el terrorismo.
Para ello, incluso, el gobierno del presidente François Hollande ha sacrificado sus niveles de aceptación, ya que es claro que nada puede haber por encima de la nación: es impensable en el caso francés, supeditar la integridad de la sociedad a los rendimientos electorales.
Razones
Sin embargo, en nuestro país vamos de ocurrencia en ocurrencia. Hasta ahora le pareció al PAN pertinente proponer regular el uso de las Fuerzas Armadas. Y en el PRI no están tan lejos de ello. De hecho, no hay en la agenda legislativa ni una sola propuesta articulada y secuencial ya no se diga en materia de seguridad nacional —eso es demasiado pedir—, sino al menos en lo concerniente a la acuciante situación en la seguridad pública.
Ni siquiera las propuestas que envió al Congreso de la Unión el presidente Enrique Peña Nieto hace casi dos años, como resultado de la tragedia de Ayotzinapa-Iguala, han tenido suerte.
Las decisiones que se tomen en el Congreso en cuanto el presupuesto para las Fuerzas Armadas no pueden estar sujetas a argumentos tan endebles como el de que la paridad del peso y la economía del país dependen de las elecciones en Estados Unidos: con ese nivel de “independencia” no hay duda de que la conducción de la política económica del país ha sido por lo menos un error estructural.
Si con dicho argumento se pretende reducir los recursos a la principal institución —las Fuerzas Armadas— que ha logrado en muy adversas condiciones procurar el restablecimiento de la paz y el Estado de Derecho, no hay razones para ser optimistas en ese doloroso y muy prolongado proceso.