Hay varias dimensiones de la seguridad: desde la humana, hasta la nacional, pasando por la regional, continental, internacional y hasta la democrática y ciudadana.
Cada una tiene una clara interrelación con las demás. Se incluyen y distinguen conforme las circunstancias, leyes y objetivos que se establecen.
En la práctica, y ante la complejidad de los problemas que deben confrontar, resulta indispensable precisar el punto de partida; el viejo pero efectivo método de “dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr”.
En los seis ejes presentados el pasado lunes 17 de este mes por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, destacan dos aspectos, además de la propuesta en sí misma. Primero, plantearse una ruta de navegación para alcanzar el determinante objetivo de recuperar la paz social y la vigencia del Estado de Derecho; y, segundo, mantener el principal recurso con el que cuenta la nación y la sociedad, que es el empleo intensivo y extensivo de las Fuerzas Armadas en la contención y sometimiento de las bandas criminales.
De esa forma hay una distinción-continuidad que permite, de forma razonable, ser optimista ante los desafíos que ha provocado el hasta ahora incontenible proceso de deterioro en la calidad de la vida cotidiana en amplias zonas del país.
La dimensión del problema equivale a la convocatoria para la realización de la Segunda Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Aunque es por procedimiento, las exigencias para encontrar resultados y respuestas prontas a la problemática de la criminalidad demanda la seria y comprometida concurrencia de los principales actores del sistema político para hacerle frente a la situación.
Renovación
Las condiciones para recuperar la paz social incluyen varias de las dimensiones de la seguridad. De la humana a la pública, de inicio; pero también a la regional (Norteamérica y Centroamérica) y, por supuesto, a la nacional.
La perspectiva transversal para encontrar métodos y soluciones pasa por ese caleidoscopio que es la complejidad de nuestra era y cultura. Cierto: sin buenos y eficientes jueces no hay buena y eficiente administración de la justicia, como tampoco se generarán ciudadanos responsables sin escuelas y maestros comprometidos con su labor. Y así por el estilo.
De allí que de nueva cuenta tengamos que hacer frente a una dramática oportunidad para transformar a México, sus instituciones y a la sociedad misma. La gravedad de las muertes impunes, la cancelación del futuro como una expectativa que anima a la superación personal, dan paso a la frustración y al engaño del presente vacío de opciones. Por eso la aplicación de la Estrategia de Seguridad Pública, conforme comience a funcionar y a dar resultados, incluirá otros aspectos, como las prácticas cívicas, desde luego, y de manera señalada deberá considerar el trascendental papel de las Fuerzas Armadas en la formación del patriotismo y los valores de la nación.
El ánimo renovador que contiene la democracia en las sociedades es un recurso formidable para las administraciones que comienzan. El caso de México y del presidente Peña Nieto no es ajeno a esa sana dinámica. La seguridad pública es una dimensión de la práctica cotidiana de la democracia, en tanto se trata de estructuras de gobierno generadas a partir de seleccionar las mejores opciones al momento de acudir a las urnas.
El binomio, como prioridades, de democracia y seguridad, debemos cuidar que no se invierta: si la seguridad sustituye a la democracia como objetivo, es urgente una revisión a fondo para una corrección también de fondo. Todo indica que el ajuste ya lo empezamos. Es una buena noticia.