De lo mucho que he leído sobre los acontecimientos en Tlatlaya, Estado de México, muy pocas son las voces y argumentos que han procurado incorporar información veraz y, sobre todo, equilibrada para tratar los hechos. Recuerdo que durante años referirse al fuero militar se asociaba, y aún se asocia, a una supuesta impunidad cuanto algún profesional de las armas infringe leyes o derechos civiles.
Ahora, luego de sustanciales reformas que incluso alcanzaron a la casi centenaria Constitución, acudimos a la exoneración de cuatro de siete militares imputados por el enfrentamiento con criminales. Y el veredicto de un Juez Federal Unitario de Distrito, no es resultado de una investigación mal hecha o por falta de pruebas. No. La determinación está fundada en el desahogo de pruebas, peritajes, declaraciones y testimonios que arrojaron el resultado que hoy se debate, me parece sin razón, en varios medios de comunicación y por algunos opinantes.
Lo importante del caso es que en el debate público poco han importado aspectos determinantes como son: que todos los cadáveres de los presuntos delincuentes hayan dado positivo en la prueba de radiozonato, es decir, que todos utilizaron armas de fuego en el enfrentamiento. También hay que considerar que las armas en posesión de ese grupo eran de calibre propio de asalto, lo que significó que durante la refriega un soldado cayera herido de gravedad. Por otra parte, las autopsias revelaron que habían consumido drogas como marihuana y cocaína. Esto último por supuesto que no los hace culpables, aunque al menos el número de personas reunidas (23) en la madrugada (04.00 horas) con armamento utilizado para liquidar a soldados del Ejército mexicano resulta un poco sospechoso.
Aplicar la ley por consigna o a modo no es hacer justicia. Por eso el hecho de que cuatro de los siete militares inculpados salgan libres es una evidencia de que las leyes civiles aplicadas a militares, que cumplen con labores que las policías de cualquier orden no hacen, exige una revisión a fondo a propósito de la normatividad correspondiente. El asunto no es menor. Estamos ante un escenario de desgaste institucional y político, en donde quien pierde es la democracia en su totalidad. Y la razón es sencilla.
Disfunción
Al no contar el Estado mexicano con los instrumentos legales apropiados, en una situación excepcional, la aplicación de la última razón, como es por antonomasia la Fuerza Armada, la cadena institucional demuestra su disfunción o atrofia para acometer con eficiencia a un antagonismo de la capacidad que demuestra el crimen organizado. Bien. Tenemos partidos políticos, congresos, campañas electorales, pero en su conjunto no atienden con determinación una tarea esencial como es la observación de la paz y la vigencia plena de las leyes.
La democracia es, antes que un procedimiento de toma de decisiones, un ambiente de convivencia. En donde las capacidades de los ciudadanos son garantizadas por autoridades y leyes. Lo sucedido en Tlatlaya, al menos en la percepción aparente de un amplio sector de la opinión pública, los defensores de la patria y la nación resultan ser los culpables de defender a la sociedad misma. Los militares, desde hace generaciones, sin regateo alguno, hacen y forman parte de lo mejor de México. Allí están las encuestas y sondeos de opinión. De lo que resulte del caso Tlatlaya se establecerá un fundamental precedente.