Sin duda que cada sociedad y gobierno enfrenta de manera natural y conforme a sus recursos, limitaciones y ubicación geográfica la incertidumbre que representa procesar la epidemia.
Por ejemplo —y no podía ser de otra manera— en los debates y pronunciamientos de los candidatos por la Presidencia de Estados Unidos el Covid-19 es un tema central, mientras en España el tratamiento de la epidemia tiene al gobierno al borde de una nueva crisis de estabilidad por la aplicación de nuevas medidas de restricción a la actividad económica y de confinamiento.
En México no es diferente. A la extendida crisis económica del desempleo y el sustancial incremento en el porcentaje y números absolutos de pobres y pobres extremos se adicionan avisos, sugerencias y estudios nacionales e internacionales que de manera documentada señalan que la gravedad en la caída del Producto Interno Bruto en nuestro país será una de las más acentuadas en Latinoamérica y el mundo.
Lo anterior significa que el plazo para la recuperación de los indicadores comparativos a 2019 se extenderá hasta finales de 2021.
Mientras tanto la acumulación de las cifras del desempleo y cierre de empresas incrementará la disminución en la recaudación fiscal, como primera e inmediata consecuencia tan solo en el mero rubro de la economía.
Desde luego compartimos con el mundo la continuidad en la expansión en el número de contagios y lo que de forma equivocada se denomina como “rebrote”. Esto sería así en el caso de haber recuperado cierta normalidad, pero lo que vemos y se vive en zonas como Europa y países como Estados Unidos y Brasil es un precipitado desconfinamiento, lo que trajo como inmediata consecuencia un incremento notable en las personas contagiadas por el virus.
Ya lo anunció el responsable de la estrategia contra la epidemia en México: para los meses de octubre a diciembre de este año los hospitales estarán saturados por la epidemia de Covid-19 más la de la gripe estacional.
Desafío
Hasta aquí esas dos variables afectan por igual a la mayor parte de las sociedades y gobierno.
Pero hay otras dos que nosotros debemos procesar y enfrentar de manera directa. La primera se refiere a la imparable ola de violencia criminal que se vive en varias partes del país. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el pasado lunes 5 de octubre hubo en el país 102 homicidios con arma de fuego. Y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer el miércoles 7 que hay desde 2006 un aproximado de 71 mil 500 personas no localizadas. El panorama es crítico.
La otra variable son las elecciones del 6 de junio. De manera formal comenzó ya el proceso electoral el 7 de septiembre pasado. Se someterán a la decisión de la ciudadanía poco más de 23 mil cargos, incluyendo 15 gubernaturas, el total de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, más de dos mil 300 presidencias municipales, miles de posiciones en los cabildos y Congresos locales. Todo el país tendrá elecciones locales, a excepción de Coahuila e Hidalgo, que llevarán a cabo sus procesos el próximo 18 de octubre.
Esto implicará la movilización de miles de personas en las campañas, lo que en términos de seguridad y de salud públicas será un serio reto para preservar, al menos de forma relativa, la normalidad en la lucha electoral.
Así tenemos las variables: epidemia, desempleo, actividad criminal y proceso electoral en el presente y el futuro inmediato. Todo un desafío.