Es un lugar común, y por lo tanto con pocas bases argumentadas, aseverar que las Fuerzas Armadas en las democracias contemporáneas son un factor amenazante a la estabilidad de los sistemas políticos. No obstante, la institucionalidad demostrada aun en situaciones propias de un dilema (como son los casos recientes de Chile y Colombia) representan un factor de estabilidad y continuidad en el desarrollo de los Estados-Nación correspondientes.
México, desde luego, no escapa a la inercia de esa confusa percepción en cuanto a las infundadas tendencias de la “militarización”.
El ciclo de los golpes de Estado en Latinoamérica comenzó en 1964 en Brasil y las dictaduras militares en la región terminaron hacia los inicios de la década de 1990. Por supuesto, nuestro país es una de las contadas excepciones e incluso fue casa de cientos de perseguidos y refugiados políticos que debieron abandonar sus naciones ante la inminencia de ser asesinados.
De ahí que cuando se hacen o expresan análisis respecto de las dinámicas observadas en esta tercera década del siglo XXI a propósito de las relaciones civiles-militares en el contexto de la democracia, los antecedentes son determinantes para poder fundamentar observaciones críticas, pero también argumentos equilibrados, alejados de la animosidad.
Variables
A partir de las decisiones del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, han surgido de forma natural planteamientos que cuestionan las tareas asignadas y sobre todo las condiciones en que no obstante la aplicación extensa e intensa de las instituciones militares la violencia criminal no reduce.
En la ecuación analítica faltan múltiples variables a considerar. Por ejemplo: la situación de los sistemas penitenciarios (estatales, algunos municipales y los federales); el decidido compromiso de los Poderes Legislativo (sobre todo, presupuestos a las instituciones locales de seguridad pública) y Judicial (justo ahora que hay un debate en torno de la prisión preventiva de oficio); el compromiso de los medios de comunicación para que en lo posible se evite la difusión de apología a la actividad criminal; y, por supuesto, incrementar las condiciones de cooperación y coordinación con autoridades de seguridad pública e inteligencia de otros países para contener las diversas e intensas actividades de las organizaciones criminales internacionales.
México, por la naturaleza de su sistema y régimen políticos, cuenta con las Fuerzas Armadas como un recurso crítico para la estabilidad en todos los sentidos. En acatamiento a la institucionalidad y la lealtad a la sociedad, las instituciones y las leyes las autoridades civiles no deben suponer que esos valores implican a una coyuntura o a un momento determinado. Son en efecto la esencia y naturaleza de la doctrina y pensamiento militar, que a lo largo de las generaciones de militares implican a su vez el patriotismo como factor determinante en el compromiso con la nación.
El debate generado por el tercer informe e investigación en torno de los trágicos y muy lamentables hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, da pie a un ambiente donde las suposiciones e investigaciones siguen en curso. Las conclusiones son muy polémicas.
Por ejemplo, sin ninguna prueba forense —salvo tres casos— se ha dictaminado que los 43 estudiantes normalistas han muerto. Pero no se menciona a otros integrantes del contingente que también fallecieron, esos sí comprobados. O peor aún: inculpar a integrantes, en ese momento, de las Fuerzas Armadas, sin una mínima consideración del marco legal a propósito de sus responsabilidades.