El resultado de la elección del 7 de junio dejó profundamente insatisfechos a quienes esperaban y/o deseaban situaciones de escándalo y estridencia que vinieran a polarizar una situación política precedente compleja pero sorteable con habilidad, organización y civilidad.
Sin embargo antes, durante y después de la elección continúan discutiéndose algunos temas relacionados con los procesos electorales que merecen, al menos, una reapertura de su discusión.
Un asunto fundamental que toda la comentocracia políticamente correcta rehúye es la distribución y diferenciación de funciones entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Insistamos: desde que se creó el IFE plenamente autónomo en 1996 y se constituyó un Tribunal Electoral de pleno derecho sobre los procedimientos electorales se generó una disputa entre ambas instituciones, en la que el actual INE en forma progresiva ha ganado terreno en detrimento o en duplicidad funcional de las decisiones estrictamente judiciales.
Todavía el día de la elección pasada el presidente consejero del INE afirmaba como rol principal del Consejo General el ser el árbitro de la contienda.
Ya en el proceso reciente fuimos testigos de resoluciones contradictorias de interpretación entre el INE y el Tribunal Electoral. Tal fue el caso de la modificación del TEPJF a multas y sanciones impuestas por el instituto a partidos y candidatos.
Más clara se hizo la diferencia cuando el Tribunal Electoral resolvió en contra, de manera definitiva e inatacable, del registro de la candidatura a diputado suplente de Marcelo Ebrard que en forma previa el INE había aprobado. La división de trabajo entre el INE y el TEPJF es un tema urgente —todavía es tiempo— ante un escenario electoral de 2018 extraordinariamente reñido y competido.
Puntos finos
Otro gran tema es el costo formal y real de las campañas. Formalmente, fueron 21 mil millones de pesos erogados por el presupuesto federal. Eso no incluye el costo del financiamiento de los órganos electorales estatales y el precio sombra de los spots y su tiempo aire otorgados por la autoridad del Estado a los partidos. La suma de esos gastos rebasaría los 100 mil millones de pesos, sin considerar que el exceso de regulaciones legales fallidas y topes artificialmente reducidos de campaña conllevaron, sin excepción, en todos los partidos, financiamiento paralelo, por llamarle con suavidad extralegal.
Todo el conjunto de financiamiento a las campañas, público y privado, tiene que ser revisado de fondo y, consecuentemente, el aparato de vigilancia y fiscalización, en ese orden. Cambiar la secuencia conduce a dar palos de ciego.
Otro asunto que amerita discusión es el del porcentaje mínimo de votación para el mantenimiento del registro de los partidos políticos. El domingo pasado contendieron diez. Resuelta la numerología de la pasada elección, lo más probable es que subsistan ocho, con dos eliminados de la competencia.
La discusión no es tan simple como si ocho son pocos o son muchos: hay que agregar la calidad de la representación. En 2018 el padrón de ciudadanos será de aproximadamente 87 millones. Con una votación de 55%, hipotéticamente, se tendría una votación nominal de alrededor de 47 millones de votantes, se conservaría el registro con una votación del orden de un millón y medio de votos, en un universo potencial de casi 90 millones. ¿Esto debe mantenerse o debe elevarse? Otra seria discusión.
En posteriores entregas iremos abordando los puntos finos del futuro, como pudieran ser los porcentajes mínimos de votación para ganar la elección presidencial y los imperativos u opciones de formación legal de gobiernos coaligados.