Sería una gran equivocación suponer que la suscripción del Pacto por México y el órgano derivado de este, el Consejo Rector, fue una ocurrencia de carácter eminentemente político o mediático. Va mucho más allá: todo indicaría una nueva forma, habrá que ver si exitosa, de estilo de gobierno y de administración.
El autoritarismo y el centralismo mexicanos a lo largo de la última mitad del siglo XX fueron malos consejeros, tanto en la toma de decisiones como en la rendición de cuentas.
Luis Echeverría formaba comités y consejos para todo y al final del día hacía lo que le venía en gana. Eso satanizó la posibilidad de la toma de decisiones coordinada y colectiva. Si José López Portillo hubiera adoptado formas colegiadas en el diseño de sus políticas, la estrategia petrolera no hubiera llevado a la debacle a las finanzas públicas del país. Y podríamos repasar todos los sexenios subsecuentes, tal vez con la sola excepción de un gabinete que se distinguió por su profesionalidad y capacidad de acción conjunta.
No se ha entendido que el Consejo Rector del Pacto por México no sustituye, repito, no sustituye la función legislativa del Congreso de la Unión. Se trata de un mecanismo de acuerdos políticos para la conformación de una agenda temática compartida por las principales fuerzas políticas del país, que no prejuzga ni determina la tarea de deliberación y construcción legislativa. Por el contrario, le otorga un referente temático que dada la composición de las cámaras federales es muy difícil, por no decir imposible de alcanzar, dada la ausencia de una mayoría dominante que pudiese marcar la pauta de las reformas necesarias para México.
Veremos
Pero como mecanismos colegiados las cosas no concluyen en el Consejo Rector. En la semana que termina se anunció la instalación de un Comité de Productividad, de un Comité de Protección Civil y de una comisión avocada a esclarecer el problema de los desparecidos en los últimos años.
Lo del Comité de Productividad es fundamental. En la ceremonia de instalación quedó claro, de manera alarmante, que la productividad del país está en el nivel de 1965 (hace 48 años) y que desde 1981 está en una baja sostenida. Se manifestó, también, la desigual distribución geográfica de los índices de productividad en México. Solo seis entidades tienen un crecimiento relativo. Las restantes 26 contribuyen decisivamente a la baja del índice nacional. Y eso es un problema que atañe no al presidente de la República solamente, sino a todo el gobierno federal, a los tres órdenes de gobierno, a los poderes legislativos federales y locales, a la academia y, desde luego, a los empresarios mexicanos.
El problema en materia de protección civil es similar. No es una función exclusiva del gobierno para que luego nos andemos quejando como sociedad de lo que se hizo o se dejó de hacer. Todos concurren en esa obligación. O deberían, al menos.
Lo de los desaparecidos es más espinoso. No se sabe el número. Ni siquiera, en muchos casos, su identidad. Lo que se hizo y se dejó hacer en el sexenio pasado, es incalificable.
Los mecanismos y el estilo ahí están. No se pueden esperar resultados mañana, pero tampoco a plazo indefinido. Veremos si se trata de la senda correcta.