Lo primero que sorprendió del Pacto por México, el compromiso, fue el sigilo y la discreción con que se construyó, muy seguramente a lo largo de meses. No se explica de otra forma la reforma laboral aprobada todavía durante el gobierno de Felipe Calderón, ni tampoco los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La última semana de noviembre se dio a conocer que había un pacto entre los tres principales partidos políticos. El anuncio provocó la ira de algunos perredistas, que dijeron no haber sido consultados por su dirigencia.
El 29 de noviembre parecía que Jesús Zambrano retrocedía en su intento. Sólo fue un tropiezo de tres días: el 2 de diciembre, al día siguiente de la toma de posesión, se firmaba el Pacto atestiguado por el presidente de la República; 95 compromisos que en principio habían acordado los tres grandes.
El Pacto se empezó a traducir en logros. Transparencia de estados y municipios, nueva Ley de Amparo, reforma del IFAI, un paquete económico procesado con tersura y rápida aprobación, reforma constitucional en materia de educación, Ley de Víctimas, reforma en materia de telecomunicaciones, Estrategia Nacional de Energía…
Un recuento sucinto, el anterior, que da cuenta de una relación productiva entre el presidente de la República y un Poder Legislativo plural, sin mayoría absoluta de ninguno.
Transcurría el segundo periodo de sesiones del Congreso, pero los participantes no estaban libres de tensiones internas y, como era previsible, una de las manzanas de la discordia habría de ser el tema electoral, motivo de reyerta permanente, ya que en México todo el tiempo hay elecciones (una reforma política fundamental sería alinear todas las fechas electorales del país, de manera que haya tiempos para gobernar y otros para discrepar).
En apariencia, el Pacto ha entrado en un impasse ocasionado por la denuncia del PAN contra algunos priistas del estado de Veracruz y la utilización electoral de la política social, lo que llevó a la decisión de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, de destituir a algunos funcionarios de su dependencia que operaban en esa entidad.
Dentro del gobierno de Veracruz, al que el PAN también ha acusado y denunciado, hasta ahora no ha habido reacciones.
No vale
Pero la decisión presidencial de suspender temporalmente los actos públicos del Pacto para abrir un espacio de diálogo con PAN y PRD, inconformes por lo ocurrido en Veracruz, es un paso de sensatez y de no estirar la liga hasta romperla. Al gobierno no le conviene, dadas las reformas pendientes: la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria en Materia de Telecomunicaciones, las reformas en materia energética y de hacienda pública.
La relativa debilidad interna de las dirigencias nacionales del PRD y del PAN también hace suponer que habrá molestia, pero no ruptura.
En estos meses de acuerdos, todos los partidos políticos han ganado en imagen y sería absurdo que una elección local echara por la borda lo obtenido.
La opinión pública debe jugar un papel. Exigir y vigilar que la política social no se use con fines electorales y que las fuerzas políticas permanezcan en la mesa de los acuerdos nacionales con hondas y positivas consecuencias en el largo plazo. Un municipio en Veracruz no vale un desencuentro nacional duradero.