En los últimos días diversos e inconexos eventos delictivos han ocupado la atención de la opinión pública. La inseguridad asoma nuevamente como uno de los principales problemas a resolver. La cuestión es en quién recae la responsabilidad.
Hace diez días en el Periférico de Guadalajara un diputado federal fue interceptado en un operativo de varios vehículos, perfectamente organizado como días después todos pudimos apreciar en el video tomado por las cámaras de vigilancia de la capital del estado de Jalisco. El diputado federal fue hallado muerto, asesinado junto con su chofer. El problema es que la policía local no se enteró sino hasta tres horas después, ya que no había personal que estuviera monitoreando las imágenes de las cámaras de vigilancia.
En la misma semana se aceleró la investigación sobre la muerte de 22 presuntos delincuentes en la población de Tlatlaya, Estado de México, quienes presuntamente habrían sido ejecutados por una partida del Ejército mexicano. La Procuraduría General de la República, en un hecho sin precedente, ordenó la aprehensión de tres militares que podrían haber estado involucrados en los hechos que pusieron fin a esa banda criminal en aquella población.
El viernes de esa semana, por la noche, la policía de Iguala disparó de manera indiscriminada contra normalistas de Ayotzinapa, quienes habían secuestrado algunos camiones. En su locura violenta los policías dispararon también al autobús que transportaba a un equipo de futbol, a un taxi y a transeúntes. El saldo final fueron seis muertos. Al día siguiente el presidente municipal afirmaba no haberse enterado de lo sucedido.
El sábado de esa semana, en un hotel de Acapulco, el secretario general del PAN en el estado de Guerrero recibió tres disparos que le dieron muerte sin que se haya detenido al homicida.
En Tamaulipas se reactivaron los incidentes violentos de enfrentamientos y extorsiones con el resultado de varios muertos a lo largo de estos días.
Responsabilidades
Es cierto que la estrategia del gobierno federal ha disminuido el número de homicidios dolosos respecto del sexenio pasado. Pero el gobierno federal no puede ni tiene por qué actuar solo: todos los casos descritos, incluso lo acontecido en Tlatlaya, revelan una ausencia y/o incompetencia absoluta de cuerpos policiacos municipales y estatales.
La depuración en curso y la capacitación de los cuerpos de seguridad pública federal no han permeado con suficiencia en los estados y menos aún en los municipios.
El llamado del gobierno federal a una adecuada coordinación en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno en algunos casos ha sido interpretado en forma comodina e indolente por gobernadores y alcaldes. Por eso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con una dureza verbal poco usual en él, afirmó en referencia a lo que sucede en Guerrero y en otras partes que es necesario “ir demandando que el gobierno del estado asuma su propia responsabilidad”. Y dijo que el gobierno federal “no puede sustituir a las autoridades estatales”.
El mensaje es claro. El gobierno federal no está dispuesto a asumir el costo público de las omisiones de otros órdenes de gobierno. Ojalá se actúe en consecuencia con quienes no han querido entender el significado de la verdadera coordinación, que es poner la parte que a cada uno corresponde. Y si no lo hacen, que tomen cartas la Secretaría de Hacienda y los representantes federales de esos estados.