Por Katia D’Artigues
Son tiempos de Funes, el memorioso, personaje de Borges que no olvidaba nada. Tenemos, como humanidad, a Google como memoria extendida. ¿Hay que analizar en qué casos sería necesario borrar información, bajo qué supuestos?
Eso propone una iniciativa de Ricardo Monreal. Regular el “derecho al olvido”. Es un tema que nos toca e importa a todos.
Usted contribuye a que sus datos personales sean públicos sin pretenderlo. Lo hizo ya al hacer click en “acepto” sin leer bien las letras chiquitas al suscribirse a una red social.
Pasa todos los días cuando su hijo o hija adolescente manda su pack por WhatsApp (o Zague manda un video íntimo) y luego, por muchas razones, se viraliza. Claro, en el caso de Zague lo hizo un icono machista; a las mujeres no les va así.
Pero convengamos algo: hay diferencias entre personas y entidades públicas y gente de a pie.
No lo es lo mismo un político corrupto que se incomode por un dato de interés público, un gobierno que quiera borrar alguna información calificándola de “inexacta”, un hospital que quiere bajar de la red las quejas por negligencia que no se han probado por minucias... que Tiziana Calzone.
¿Quién era ella? Una mujer italiana que luchó por borrar un video sexual que hizo de manera consensual pero luego se viralizó. Pese a ganar la batalla, la experiencia la acosó al grado de suicidarse. O una persona injustamente encarcelada en prisión que busca borrar esto porque no consigue trabajo.
Hablamos de una pugna entre derechos. El derecho al olvido en tensión con el derecho que tenemos como sociedad a recordar, a la libertad de expresión, a saber la verdad. Tampoco es igual olvido que rectificación.
Y un plus a tomar en cuenta: es un negociazo esto de “borrar” los datos. Hay empresas mundiales que tienen, de entre sus muchos clientes, bancos, figuras públicas y, claro, políticos. A quienes cobran entre siete mil y 150 mil dólares, según investigué.
Solo busque Eliminalia o ReputacionUp en internet y asústese. Son lugares donde me imagino perfecto a Winston Smith, personaje de 1984, novela de George Orwell cuyo trabajo en el Ministerio de la Verdad era reescribir la historia.
¿Qué dice la iniciativa?
Es una reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Me centro en partes del nuevo artículo 26 bis. Los paréntesis con preguntas son míos.
“Para que proceda la cancelación de los datos personales digitalizados deberá configurarse, al menos, una de las circunstancias siguientes:
“c) que la información sea inexacta (inexacta es diferente a falsa. ¿Se imaginan las puertas que abriría?)” y “d) que la información sea obsoleta o irrelevante (¿quién va a decidir, con qué criterios, qué es obsoleto e irrelevante?)”.
En todo caso “la ampliación del derecho a la cancelación de los datos personales digitalizados no podrá ejercerse cuando su ejercicio vulnere la seguridad nacional y el orden público (esto está bien, ¿pero qué tal incluir el interés público?)”.
La reforma plantea multas que irían de ocho mil a 27 millones de pesos. En casos de “datos sensibles” podría ser hasta el doble.
Le pregunté a Google cuántos casos de borrado de datos hay. Tienen un informe público mundial país por país. México tiene una cifra chica comparada con otros países que ya han legislado el tema (y que incluso se rigen por otro sistema: el europeo vs. el interamericano).
De 2009 para acá en el país solo hubo 135 solicitudes entre particulares y hasta judiciales (en España son más de mil). Eso sí, han ido claramente en aumento. La razón más citada es privacidad y seguridad seguida en porcentajes iguales por “no específico”, “acoso/hostigamiento”, “derechos de autor” y “difamación” (sí, recuerdo a Sergio Aguayo).
Feminicidio
Enorme despropósito proponer desaparecer el delito de feminicidio; peor está plantear que todos los homicidios de mujeres lo sean inmediatamente. ¿Y si mejor hablamos de mejorar la capacidad de investigación de los MP con perspectiva de género?