¡ASÍ NO, SEÑOR PRESIDENTE!

En días pasados surgió una controversia que incumbe a dos poderes de la Nación.

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Columnas
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Una de las principales directrices de un Estado de Derecho, de la protección de los derechos humanos y de un sistema de gobierno democrático es la división de poderes, que tiene como objetivo establecer un equilibrio y una armonía entre las fuerzas del poder de la autoridad a través de pesos y contrapesos, es decir, las decisiones que se toman no se centren en una sola persona con la finalidad de evitar el autoritarismo.

Recordemos que la clásica división de poderes a partir de la teoría de Montesquieu se basa en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno de estos con funciones y características en específico.

Al respecto, México tiene este tipo de sistema, el cual encontramos sustentado en la Constitución en el artículo 49, lo que nos permite identificar la forma en que el gobierno en turno debe actuar y, sobre todo, respetar el ejercicio, la autonomía y la independencia de cada uno de los poderes.

Esto nos lleva a dilucidar la importancia de este sistema de pesos y contrapesos.

Atribuciones

En días pasados surgió una controversia que incumbe a dos poderes de la Nación, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en torno de una suspensión que otorgó el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, una reforma que el presidente de la República impulsa sobremanera.

Así que al suspenderse, a su parecer constituyéndose como un fallo que se dictó con mala fe para detenerla, el primer mandatario envió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una carta —de cierta manera para presionar y hostigar— en la que pide iniciar una investigación al juez que otorgó la suspensión, cuestión totalmente ofensiva para la autonomía e independencia judicial, en principio porque el curso del juicio de amparo aún sigue.

Sumado a lo anterior, lo más preocupante de esta situación es la intromisión y la actitud autoritaria del presidente López Obrador, que lo lleva a pensar que las únicas acciones correctas son solo cuando se hacen de acuerdo a lo que él quiere, lo cual no es así.

En términos lisos y llanos este hecho representa una falta a la Constitución y un peligro para la autonomía e independencia de cada uno de los poderes, ya que la acción política del presidente tiene un límite de actuación y los demás poderes no pueden subordinarse a este.

Dicha cuestión está fuera de lugar para el progreso y desarrollo de un Estado de Derecho y el sistema democrático: ejercer por parte de un poder presión a otro para realizar determinada acción y que se vulnere las libertades, la autonomía e independencia de cada uno de ellos.

Aquí no incumbe a que un juez se le investigue o no, sino al trasfondo del porqué se le investiga: ¿por un capricho o por elementos de prueba para aseverar ese dicho?

El presidente podrá al final diluir su dicho de mil formas, pero representa una intromisión y una falta de respeto a la labor del Poder Judicial.

Durante el gobierno de López Obrador su forma de actuar ha sido confrontarse con todos: no sabe conciliar ni mediar, y en lugar de contribuir a un escenario empático, solidario y no violento lo hace más complejo y dividido.

El presidente debe dejar atrás su cerrazón y su ánimo de venganza para trabajar en lo realmente importante. Debe entender que lo diferente no resta sino suma; y en lugar de tener una actitud conflictiva debería tener una actitud mediadora, conciliadora, que permita encontrar las mejores soluciones a los problemas.

Ciudadanos, abogados, operadores jurídicos, académicos, entre otros interesados, preocupados y sobre todo ocupados por el fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto a la Constitución, a las libertades y la autonomía del Poder Judicial no podemos permitir que la acción política de un Poder se inmiscuya en las atribuciones de los otros: tenemos instituciones y formas de hacerlo. ¡Así no, señor presidente!

Bien decía Montesquieu sobre la división de poderes y sus límites: “Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder”.

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