Los acontecimientos de los últimos días nos demuestran fehacientemente que el partido en el poder, Morena, no combate a la corrupción y en cambio persigue a sus opositores.
Así lo demuestran las medidas cautelares que suspendieron por dos meses a Sandra Cuevas como alcaldesa de la Cuauhtémoc.
Tal como lo señala la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UnaCDMX), es un acto que atropella la voluntad popular porque se trata de una autoridad legítima y constitucionalmente electa, por encima de toda norma procesal.
Es además una medida desproporcionada, puesto que se pudieron valorar otras medidas antes del exceso de suspenderla de sus funciones, lo cual violenta intencionalmente su derecho de presunción de inocencia, además de atropellar su derecho al libre acceso al trabajo y por consiguiente a una remuneración.
No se encuentra muy lejos el origen de todo: se remonta a las recientes elecciones de 2021, cuando la hoy alcaldesa suspendida arrebató a Morena por diez puntos porcentuales de votación la alcaldía Cuauhtémoc imponiéndose a Dolores Padierna.
Dicen los decires que el gran triunfo le fue posible, entre otras cosas, gracias al apoyo del hoy senador y aspirante a la presidencia de México, Ricardo Monreal, acérrimo rival de la regenta capitalina Claudia Sheinbaum, porque este se creía con más méritos para agenciarse en ese entonces la candidatura a jefe de Gobierno de la capital del país, cosa que no sucedió.
Tres años después, una vez con Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno y como delfín para las presidenciales de 2024, el escenario nos pone en evidencia que Morena no acepta su derrota en la CDMX, particularmente en la Cuauhtémoc, y está haciendo pagar caro a quienes los derrotaron en 2018.
Atropello tras atropello
Tal como se denunciaron en este espacio los abusos contra trabajadores de Banjercito y el Banco del Bienestar, lo mismo sucede ahora pero contra los trabajadores sindicalizados de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), Tabasco.
Desde 2019 dejaron de percibir sus prestaciones y han denunciado violaciones flagrantes a su contrato colectivo de trabajo a manos de funcionarios de Morena que hoy manejan la institución.
A pesar de haber ganado amparos los fallos han sido desestimados por la UPCH bajo argumentos como: instrucciones superiores; falta de dinero por el congelamiento de cuentas por “la estafa maestra”; o simplemente al desconocer el contrato colectivo.
La propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró archivado y sin validez el contrato colectivo del sindicato. ¡Así como lo están leyendo!