Tan solo once días después del tiroteo en Buffalo, Nueva York, en el que un hombre impulsado por el racismo mató a diez personas en un supermercado, un adolescente asesinó en Uvalde, Texas, a 19 estudiantes de primaria, dos maestras y a su propia abuela. Y mientras los muertos solo aumentan, nada cambia. La famosa Segunda Enmienda, que establece que ni el gobierno federal de Estados Unidos ni los gobiernos estatales pueden infringir el derecho a portar armas, no deja a su paso más que estadísticas.
De hecho, los tiroteos masivos se han vuelto tan comunes en la Unión Americana, que solo una pequeña fracción logra atraer la atención generalizada más allá de las comunidades directamente afectadas.
En primer lugar, esto no nos puede sorprender de un país que tiene más armas que ciudadanos: 400 millones de armas, para ser exactos, frente a 329 millones de habitantes. El gobierno mexicano mantiene una demanda contra varios fabricantes de armas estadunidenses desde hace varios meses, precisamente por el desbordamiento de armas hacia nuestro territorio.
Para entender cómo llegamos a este momento debemos recordar una fecha clave: 2005. Ese año se aprobó en EU una ley que otorga “amplia inmunidad” para proteger a las compañías de armas en cualquier demanda por violencia armada, misma que utilizaron como argumento central las empresas señaladas por México en su litigio para pedir que el caso sea desechado en su totalidad.
Pero tanto el año anterior como en el posterior a esa fecha clave ocurrieron dos cosas: en 2004 se levantó la prohibición de comprar armas de asalto durante el gobierno de George W. Bush; y en segundo lugar, en 2006 el gobierno mexicano declaró la “guerra” contra el narcotráfico. El resultado: el periodo más violento de nuestra historia desde la Revolución, con más de 400 mil muertos. La propiedad ilegal de armas per cápita en México se multiplicó por diez y la tasa de homicidios aumentó en 45 por ciento.
Hasta los dientes
Pero más allá de la ambiciosa estrategia legal del equipo de la Cancillería que ha levantado varias cejas al otro lado de la frontera, lo ocurrido en aquel país en los últimos años debería preocuparnos a todos.
El último informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU pintó un vívido retrato de una nación armada hasta los dientes. A lo largo de los últimos años los compradores han aprovechado al máximo la flexibilización de las restricciones de armas por parte de la Corte Suprema, el Congreso y las legislaturas estatales controladas por los republicanos. Las cifras publicadas revelan una industria al alza, con una producción nacional anual de armas que aumentó de 3.9 millones en 2000 a 11.3 millones en 2020.
Cada año, según el gobierno de México, aproximadamente 500 mil armas de fuego fabricadas en EU se trafican ilegalmente a través de la frontera hacia nuestro país, que solo tiene una armería legal, propiedad del Ejército. Desde el asesinato de la periodista Miroslava Breach hasta el Culiacanazo o el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, las armas estadunidenses han estado presentes. Pero si ni siquiera las masacres de sus propios ciudadanos provocan un cambio, menos lo hará lo que ocurra al sur de sus fronteras.
Lexema El antiguo filósofo griego Aristóteles definió la tragedia como un género moralmente ambiguo en el que un noble héroe pasa de la buena fortuna a la mala. Quizá por eso la segunda enmienda creada por los heroicos padres fundadores de la nación estadunidense estaba destinada a terminar en eso: una tragedia.