A casi un año de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, Minnesota, el sistema judicial estadunidense realmente parece estar en el banquillo. Sabíamos que el juicio del exoficial Derek Chauvin, acusado de asesinar a Floyd, sería especialmente complejo, pero quizá nadie nos preparó para las lecciones que todos los gobiernos del mundo tendrían que estar aprendiendo de este caso.
Tan solo en los últimos meses los ejemplos de brutalidad policiaca que han salido a la luz en nuestro país nos obligan a voltear a ver qué pasa con las fuerzas del orden y su relación con la ciudadanía. Para nadie es un secreto que México atraviesa una compleja crisis de seguridad durante ya más de una década y mucho se habla de la necesidad de una mayor profesionalización de los cuerpos policiacos para quizás algún día dejar de recurrir a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública.
Pero mucho antes de que esto suceda es necesario hablar de lo que se conoce como “justicia transicional”. La muerte de Floyd, por ejemplo, desató un movimiento de protesta por la justicia racial sin precedente en la historia reciente de Estados Unidos. Las exigencias eran concretas: reconocimiento de la violencia racial, llamado a cuentas a los perpetradores, reparación del daño a las víctimas y reformas legales. Básicamente el primer paso para sanar esta histórica herida abierta en la sociedad estadunidense es reconocer el daño infligido.
Pero la Unión Americana no está sola en su búsqueda por la justicia. Estos procesos se viven en muchos países para abordar las violaciones de los derechos humanos y abusos derivados de un gobierno autoritario o un conflicto armado, por ejemplo. Es un modelo que se puede utilizar en cualquier caso donde la violencia y la injusticia no se reconocen y reparan. Y el vehículo para esto suele ser una comisión de la verdad, es decir, una investigación oficial separada del sistema de justicia penal y a menudo acompañada de organismos internacionales.
Propuestas
Lo vimos con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, establecida en Argentina en 1983 después de la dictadura militar; la Comisión Sudafricana de la Verdad y Reconciliación, creada en 1995 después del Apartheid; o en Colombia, que siguió un enfoque similar con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición, creada como parte del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC luego de un conflicto civil de décadas.
Ejemplos hay muchos, pero voluntad política no tanto. Y es que, en el caso de EU, claramente no se logra combatir de fondo el problema del racismo estructural y la desigualdad sistémica con estos casos aislados de juicios mediáticos, donde la mayoría de las veces las fuerzas policiacas salen ilesas. El sentimiento de injusticia es tan profundo en las comunidades que no hay veredicto posible que sirva de bálsamo a los agravios.
A pesar de que hoy hay dos propuestas de ley en el Congreso estadunidense para la creación de comisiones nacionales de la verdad es muy poco probable que vean la luz porque no cuentan con el apoyo de un solo voto republicano. Y si a esto sumamos que tan solo en la primera semana de tan esperado juicio se dieron a conocer otros dos casos de abusos policiacos contra dos ciudadanos afroamericanos, de los cuales uno perdió la vida, todo parece indicar que EU simplemente no ha aprendido nada.
Lexema Hay una gran frase que dice que “los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”. Y aunque su autoría es motivo de mucho debate la realidad es que nunca deja de ser dolorosamente cierta. La palabra misma de “historia” deriva del latín historĭa, la cual surgió del griego ἱστορία, y cuyo significado indica aprendizaje adquirido por investigación, aunque eso claramente no aplica para nuestros legados más oscuros como humanidad.