Mujeres en todo México están viendo vulnerados sus derechos más básicos de respeto a la dignidad y de acceso a una vida libre de violencia, además de que se les priva de su derecho a la vida.
A cuentagotas han llegado avances en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales que intentan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres… intentan, pero siguen sin lograrlo.
Se promulgan algunas leyes, se reforman otras tantas. El problema es que a pesar de que vivimos entre instrumentos que miden la violencia y entre mecanismos especializados para la atención de mujeres violentadas, los resultados son nulos.
En medio de este difícil entorno nos encontramos en pleno proceso para las elecciones más grandes en la historia de México; y que también son las más violentas.
¡Basta!
La Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres se publicó en la Gaceta Oficial de la Federación desde 2012. ¡Ya pasó más de una década!
Esta ley establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Se trata de una ley que incluso ya incorporó en el Código Penal la tipificación del delito con sus respectivas agravantes.
¡Basta de discursos y retórica para aplaudir, pero no defender los derechos políticos de las mujeres!
No podemos permitir una jornada electoral que conjugue la participación política de las mujeres con la violencia.
La legislación ya existe; el reto ahora es aplicar las leyes para democratizar los procesos electorales en favor de las mujeres de México.