A la memoria de los ocho valientes integrantes del Ejército Mexicano caídos en servicios a la patria.
No solo me refiero a las Fuerzas Armadas de México, sino en general a las de las democracias liberales como la nuestra. Ya desde la trágica relevancia que adquirió el terrorismo de inspiración islámica a partir de los atentados en Estados Unidos en septiembre de 2001, la agenda para que el poder civil recurra y aplique las capacidades de organización, despliegue y adiestramiento militar no ha hecho sino aumentar.
Sean fenómenos meteorológicos, incendios o antagonismos emergentes (migración, por ejemplo), actuar en consecuencia son algunas de las nuevas misiones y funciones que, dadas las tendencias y perspectivas, serán permanentes.
Un caso evidente es la decisión del presidente Donald Trump de asignar a las fuerzas armadas de Estados Unidos las funciones de guardias de fronteras en el sur de ese país para contener la migración irregular. Lo mismo hay integrantes de la Infantería de Marina (Marines), que soldados del Ejército (Army) y recientemente la solicitud desde la Casa Blanca para que se sumen a los contingentes ya desplegados en la frontera terrestre con México integrantes de la Guardia Nacional (GN). También se encuentran en funciones agentes antinarcóticos para impedir, sobre todo, el ingreso del fentanilo y drogas sintéticas.
Pero hay más casos. Desde mediados de la década pasada, principalmente entre 2015 y 2018, y hasta la fecha, en el Mediterráneo han sido desplegadas unidades navales de países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para controlar el arribo de migrantes procedentes del Magreb, con la intención de alcanzar sobre todo las costas de Italia y España. Así, las Armadas de Francia y Alemania, además de los países más afectados por la oleada migratoria, deben responder a una nueva misión, que es la de tratar con personas que huyen de sus maltrechos países para, por principio, salvar la vida.
Presencia
Un caso emblemático ha sido la amplia y crucial intervención del Ejército de España, para apoyar a la población gravemente afectada por la insólita tormenta en la Comunidad de Valencia. La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) comenzó el 29 de octubre de 2024 para prolongarse hasta mediados de noviembre y todavía se viven sus catastróficas consecuencias.
Ante una lenta y deficiente respuesta de las autoridades civiles, tanto provinciales como nacionales, la única presencia institucional que pudo hacer frente a la devastación fue, en efecto, el Ejército. Las lluvias torrenciales, continuadas por varios días, generaron decenas de muertos, destrucción de todo tipo de construcciones y cientos de toneladas de lodo y desbordamiento de ríos, entre otras muchas afectaciones.
En los países latinoamericanos no es diferente. Las fuerzas armadas se han sumado de manera sustancial a las labores de seguridad pública, seguridad marítima, aduanal (también terrestre), controles migratorios, atención a la agenda medioambiental como consecuencia del cambio climático, apoyo a la población en situaciones de desastres de todo tipo y procedencia.
Así que México no fue el primer caso ni menos aún es el único en esta recurrencia a las fuerzas armadas para atender lo que en un principio no eran sus misiones ni funciones.
Luego entonces lo que se debe analizar es en qué parte o segmento de la atención a la ampliación de las agendas de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública las instancias civiles (desde luego que no es un asunto de partidos políticos) se han quedado cortas o sin capacidades de respuesta.
Sea en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica, es una tendencia global.