Hace unos años desapareció la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, una iniciativa tremendamente interesante que se daba entre los gobernadores del sur de Estados Unidos y los de la frontera norte de México. Un encuentro que no siempre propiciaba convenios formales, pero facilitaba la interacción personal entre mandatarios locales.
Esto a su vez generaba canales de comunicación en aspectos locales de la relación bilateral, que cumplían propósitos funcionales a los estados y le daba un impulso superior al turismo entre los dos países. Lamentablemente, la iniciativa se canceló hace unos años debido a que, en el caso de México, se trataba de una práctica ilegal: la legislación mexicana vigente establece que las entidades federativas no están autorizadas a tener una política exterior propia, sino que eso es facultad de la Federación. Como siempre, en México en lugar de adecuarse a la realidad y regular prácticas ya existentes, nuestras leyes optan por prohibir algo.
Me parece que la Conferencia de Gobernadores Fronterizos es un mecanismo digno de ser recordado en la coyuntura actual de la relación bilateral. Si existiera tal cosa como visión estratégica en la conducción del Estado mexicano nuestro país buscaría constantemente la creación de mecanismos adicionales para impulsar la relación bilateral. La legislación debió adecuarse para que la Conferencia de Gobernadores Fronterizos pudiera seguir organizándose bajo condiciones establecidas por la Federación.
La finalidad debiera ser no nada más la promoción turística o la atracción de inversiones, sino multiplicar los contactos e interacciones mexicanas con actores políticos estadunidenses. Todo foro a ese respecto debiera ser bienvenido y amplificado. Dadas las condiciones de desconfianza generalizada de las autoridades norteamericanas respecto del gobierno federal mexicano, a lo mejor habría que apostarle al acercamiento bilateral en los niveles subnacionales.
Ventana
Me adelanto a la crítica: es verdad que los gobernadores son una de las causas principales del deterioro en la relación bilateral, y en este punto difícilmente podrían actuar como mediadores en la crisis y tensiones; no obstante, de haber existido el mecanismo de la conferencia quizá los partidos habrían sido más cuidadosos en la selección de sus candidatos, en tanto sabrían que los gobernadores serían interlocutores directos y continuos de autoridades norteamericanas.
La integración política y económica de México y Estados Unidos continuará, pero podría ser por mecanismos institucionales o fuera de ellos. Resultaría más conveniente entonces que México ofreciera mecanismos institucionales para abrirse más canales y espacios de diálogo con su vecino. No se hizo.
Con todo, la relación bilateral seguirá requiriendo a futuro de nuevas ventanas de comunicación entre los dos países. A lo mejor podría pensarse en una iniciativa de reactivación de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos o de renovado impulso a la diplomacia parlamentaria, en lugar de proponer la anulación de elecciones por intervención extranjera. Nada de esto hemos hecho, y la relación entre los dos países norteamericanos sigue una espiral de hundimiento. Lamentablemente, lo que se busca no es mejorar la relación entre Estados Unidos y México, sino garantizar la conservación del poder.