Hay noticias cuyo verdadero significado no aparece en el titular. Esta semana ocurrió una de ellas. Washington decidió no extender automáticamente la vigencia del TMEC por otros 16 años. El tratado seguirá vivo, sí, pero entró en una cuenta regresiva que obliga a revisiones anuales y mantiene abierta, permanentemente, la posibilidad de su desaparición en 2036.
Quien quiera presentar esa decisión como un simple procedimiento técnico está ignorando lo evidente. Lo ocurrido esta semana es un mensaje político. Y uno extraordinariamente costoso para México. El principal instrumento de certidumbre económica del país dejó de ser una garantía para convertirse en una negociación permanente. En un mundo donde la inversión huye de la incertidumbre, esa diferencia vale miles de millones de dólares.
El problema es todavía mayor porque el anuncio no llegó solo. Casi al mismo tiempo el Departamento del Tesoro estadunidense decidió escalar su ofensiva contra el llamado huachicol fiscal. No se limitó a sancionar empresas vinculadas al contrabando de combustible. Fue mucho más lejos: colocó oficialmente sobre la mesa una acusación de enorme gravedad. Según Washington, esas redes criminales financian campañas políticas y ayudan a colocar funcionarios dispuestos a proteger los intereses de los cárteles. Quien crea que ambas decisiones fueron una coincidencia difícilmente ha entendido cómo ha cambiado la relación entre México y Estados Unidos.
Factura
Durante décadas, la integración económica funcionó como el gran amortiguador de las diferencias políticas. Había desacuerdos, sí, pero preservar el mercado norteamericano siempre era la prioridad. Esa lógica se rompió. El mensaje es inequívoco: México ya no es visto como un socio confiable para Estados Unidos.
Ya ni siquiera hace falta detenerse en los agravios domésticos: la violencia que se expande, el crimen organizado que controla territorios enteros, la extorsión convertida en impuesto nacional, las desapariciones, el deterioro de la infraestructura, la destrucción de contrapesos institucionales, la canibalización de los recursos del Estado y el progresivo desmantelamiento de la cooperación con Estados Unidos. En su infinita miopía, el régimen sigue actuando como si ninguna de esas decisiones fuera a cobrar factura.
El problema de fondo es que los proyectos populistas de inspiración socialista suelen seguir un guion sorprendentemente parecido. Primero llega la conquista del poder, acompañada de una euforia política financiada con gasto público. Después aparece un bienestar artificial alimentado por subsidios y redistribución. Pero tarde o temprano la realidad alcanza a la propaganda: la deuda crece, el dinero se acaba, la inversión huye, el crecimiento desaparece y comienza el deterioro económico. Entonces llega la etapa que tantas veces ha repetido la historia: la dictadura. Cuando la economía fracasa, el autoritarismo deja de ser una tentación y se convierte en una necesidad para quienes gobiernan.
La decisión sobre el TMEC no inaugura esa historia. Simplemente marca el momento en que la factura comenzó a llegar. Mientras el régimen concentra buena parte de su energía en proteger a un solo hombre y cerrar filas alrededor de sus propios intereses políticos, México pierde credibilidad, inversión y margen de maniobra. La ironía es devastadora: en el intento por preservar un proyecto de poder pueden terminar comprometiendo el mayor activo económico que el país construyó durante las últimas tres décadas.
Porque los tratados comerciales no sobreviven únicamente gracias a las firmas estampadas en un documento. Sobreviven gracias a la confianza. Y cuando esa confianza comienza a desaparecer la cuenta regresiva ya no corre solamente para un acuerdo comercial. Corre para el futuro de México.