Los miles de damnificados en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, primordialmente por las lluvias atípicas del 9 de octubre, ya reciben atención, al igual que los deudos de las personas que fallecieron: la acción del
gobierno federal y los estatales no se ha detenido, pero hay elementos que no pueden dejar de considerarse.
Evidentemente los fenómenos naturales han demostrado a lo largo de la historia que pueden ser destructivos e impredecibles. Sin embargo, todo indica en este caso que tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previeron que en la segunda semana de octubre gran parte del país contaría con lluvias intensas, lo que bien pudo poner en alerta a las autoridades.
Y a la par, permite cuestionar si estas instancias cuentan con un asiento permanente en la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y si se cuenta o no con parámetro que permita emitir, a partir de un escenario real, una alerta a la población en general con base en el estimado de lluvia que puede caer.
Por otra parte, los deslaves y afectaciones en general obligan a resaltar la necesidad de que se cuente con Atlas de Riesgos no solo a nivel nacional, sino en los planos estatal y municipal, actualizados, que permitan en su caso determinar la reubicación de las comunidades o poblaciones que estén en peligro.
Lo que se aprecia a lo largo de la historia, independientemente del sesgo político o ideológico de los gobiernos, en general es que estos son reactivos y no preventivos. Una acción que si bien es comprensible en el caso de sismos, en el plano de lluvias o heladas, así como de temporadas de calor, lleva a considerar que las instancias encargadas de dar seguimiento a ese tipo de fenómenos naturales, primordialmente el SMN, debieran contar con un voto de calidad para determinar la emisión de alertas a la población.
Por otra parte, es claro que los daños y afectaciones de los fenómenos naturales son inevitables, pero es posible tomar medidas para tratar de que los costos no sean tan severos.
Alcances
En otro orden de ideas, si se revisa con calma la historia reciente es obligado señalar que México es un país que se caracteriza por contar de manera constante con casos de damnificados, pero todo indica que no existe un parámetro definido que permita determinar con certeza el monto de los apoyos económicos o en especie que se debe otorgar a quienes son afectados por fenómenos naturales.
Esto lleva a considerar que es necesario establecer con claridad hasta dónde llega la obligación gubernamental de brindar un apoyo económico y la forma en que se determina el mismo.
Al respecto hay que apuntar que el levantamiento del censo es obligado, pero lo que no se ha precisado al momento es la forma en que se determina el monto del apoyo económico que se otorgará a los afectados.
En paralelo, es necesario que se defina con claridad cuáles son los alcances de las declaratorias de desastre emitidas por las administraciones estatales y, a la par, clarificar a cuánto asciende la partida que tiene prevista el gobierno federal para hacer frente a este tipo de situaciones, toda vez que a partir de la desaparición del Fonden todo cambió en materia de asignación de recursos para hacer frente a los daños ocasionados por fenómenos naturales.
El Ejecutivo federal recientemente señaló que hay 19 mil millones de pesos para atender emergencias naturales y consideró que hay suficientes recursos para atender la emergencia y la reconstrucción, y para el apoyo de cada hogar que haya perdido o haya tenido afectación en su vivienda; lo que está por definirse es cómo se aplicarán, pero sobre todo la forma en la que se determinará cuánto recibirá cada damnificado.
Los años pasan y todo indica que al momento como sociedad no hemos sido capaces de avanzar desde la esfera gubernamental hacia la disminución real de riesgos, lo que implica pasar de una actitud reactiva a una preventiva de largo plazo.