Junto con la seguridad y el trabajo, la salud es uno de los rubros que más interesan a la colectividad. El grueso de los ciudadanos depende en gran medida de los servicios públicos de salud. No todos están inscritos en el IMSS o el ISSSTE. Durante décadas un enorme segmento de mexicanas y mexicanos han estado ligados a los servicios públicos de salud que brindan lo mismo el gobierno federal que los estatales y en menor medida las administraciones municipales.
De ahí que sea de particular importancia repasar lo sucedido en el pasado reciente cuando el Seguro Popular, con el inicio de la 4T, fue reemplazado para dar paso a una reconfiguración de los servicios de salud, el acceso a ellos y, por supuesto, el suministro de medicamentos.
En general, de diciembre de 2018 a septiembre de 2024 el sector salud enfrentó una transformación que no terminó de manera satisfactoria y dejó expuestas fallas a la luz de la pandemia de Covid-19.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refieren que en 2018 había 20.1 millones de personas sin acceso a servicios de salud, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 41.9 millones. La infraestructura, los recursos humanos y el adecuado abasto de los medicamentos constituyen una trilogía que no logró ser armonizada.
En los hechos, la afectación más grave no fue el fracaso del Insabi, que dio paso a IMSS-Bienestar, sino el suministro de medicamentos, que pese a reiterados compromisos y estrategias como la de la superfarmacia no pudo cumplirse.
Lo evidente es que durante el sexenio 2018–2024 el sistema público de salud en México atravesó una transformación institucional profunda, que en términos generales no logró resultados satisfactorios. La promesa de un sistema de salud de primer mundo quedó incumplida. Pero lejos de ser autocríticos se optó por darle vuelta a la página para seguir de frente, sin exhibir yerros ni hacer cuestionamientos de fondo.
Credencialización
A partir de octubre de 2024 se intentó resolver la problemática con una perspectiva diversa. Sin embargo, al menos en lo que hace a la compra de medicamentos, la problemática dejó en claro acciones, por decir lo menos, irregulares.
En abril de 2025 la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) decretó la nulidad total de la licitación pública internacional de la compra consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico para los años 2025-2026.
La determinación se tomó ante el cúmulo de irregularidades e incumplimientos legales cometidos por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en la convocatoria, los anexos técnicos y las juntas de aclaraciones.
Fue el resultado de la intervención de oficio realizada por la dependencia federal desde el 26 de febrero de 2025, que dio cuenta de un procedimiento viciado de origen.
La información disponible indica que el abasto de medicamentos alcanza al momento niveles aceptables, pero aún no es satisfactoria 100%. A lo largo de casi 16 meses, además de las compras consolidadas y la ampliación de la infraestructura hospitalaria, el gobierno federal ha puesto en operación esquemas como Salud Casa por Casa, las Caravanas de la Salud y las Farmacias del Bienestar, cuyos resultados y efectividad aún son inciertos.
Esto sin que se precise con claridad cuántos nuevos médicos, sobre todo de especialidades, enfermeras y personal en general, se han incorporado al sector salud.
Hoy el IMSS-Bienestar está presente en casi todo el territorio nacional. Y ante este panorama, el pasado 20 de enero el Ejecutivo federal anunció que del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026 se llevará a cabo el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud.
Con ello se expedirá una identificación que en teoría garantizará el derecho a la salud en las instituciones de salud pública del gobierno federal (IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar), así como en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.
Ello, sin duda, se aprecia sano, pero está lejos de incrementar el número de camas, espacios de espera y la capacidad de atención del sector salud.