Quienes apostaron a que el caso de los cuatro estadunidenses que fueron privados de la libertad en Tamaulipas ocasionaría un conflicto serio entre México y Estados Unidos se equivocaron. Los agoreros del desastre se quedaron con las ganas de que la administración Biden tomara una actitud drástica.
Por el contrario, el episodio demostró la forma en la que con apego a derecho se pueden realizar acciones coordinadas en materia de seguridad. Independientemente de que los ciudadanos estadunidenses cuenten con antecedentes criminales, la realidad es que los cuerpos de seguridad de México los localizaron y entregaron a las autoridades norteamericanas.
Por desgracia, dos de ellos fallecieron, pero el proceso legal con el que se busca castigar a los culpables está en marcha.
Como es lógico, en su momento las autoridades estadunidenses pueden alertar a sus connacionales sobre la conveniencia de viajar a algunos puntos del territorio nacional, pero esa es una dinámica permanente y no debe tomarse como consecuencia del suceso registrado en Tamaulipas.
Por otra parte, tampoco vieron satisfechas sus expectativas los políticos norteamericanos que impulsan la iniciativa para que su gobierno catalogue a grupos mexicanos del crimen organizado como terroristas y que ello diera pauta a que se les persiguiera incluso en nuestro territorio: se quedaron a la espera de una mejor oportunidad, porque esa propuesta está lejos de prosperar.
Entendimiento
En paralelo, la reunión de alto nivel que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en compañía del embajador Ken Salazar, fue más que fructífera para ambas partes.
Puso en claro la determinación de México y EU para combatir el fentanilo, además del concurso binacional para frenar el tráfico de armas, en un ambiente de respeto a las soberanías.
Derivado de esa reunión la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, recibió la encomienda de liderar en el plano nacional el combate a la producción y trasiego de fentanilo, labor que la llevará a trabajar de manera coordinada con Sherwood-Randall y, por supuesto, a realizar reuniones periódicas de evaluación.
Eso debe reflejarse a mediano plazo en el lanzamiento de lo que se denomina como la segunda fase del Entendimiento Bicentenario para aumentar la cooperación en el combate al crimen organizado trasnacional, la producción ilícita de fentanilo y el tráfico de armas y municiones.
Lo que está en marcha es a todas luces la conformación de un programa que permita mejorar la coordinación interinstitucional entre México y EU, así como el intercambio bilateral de inteligencia para atacar puntos estratégicos en la cadena de suministro de drogas sintéticas.
Coordinación y colaboración puras que demuestran el trato cordial y de pares que priva en materia de seguridad entre los dos países, que adicionalmente lanzarán una campaña binacional de salud pública para reducir los riesgos que conlleva el consumo de fentanilo y otras drogas.
Mención aparte merece la campaña informativa que realizarán —bajo la coordinación del canciller Marcelo Ebrard— el embajador y los cónsules mexicanos en EU para contener la narrativa de algunos representantes populares estadunidenses que pretenden alentar la aprobación de medidas drásticas que podrían en el extremo vulnerar la soberanía nacional.
En conclusión: desde donde se vea, la relación con la administración Biden al momento es cordial, de abierto entendimiento y colaboración.