Un gobierno asediado por su presunta relación con el narcotráfico ha decidido lanzar acusaciones por doquier. La presidenta Sheinbaum preguntó el 7 de julio: “¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no; nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro, ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás”. ¿Quién ha llegado, entonces, a acuerdos con los criminales? El gobierno de Estados Unidos, según la presidenta, lo cual se comprueba con el hecho de que dieron asilo a la familia de Ovidio Guzmán para convertirlo en testigo colaborador. También los gobiernos del PAN: “Si hubo una relación con este grupo delincuencial, con el cártel de Sinaloa, fue con Fox y con Calderón”.
Mientras la presidenta acusa a los demás, se niega a detener a los diez de Sinaloa, el grupo de políticos encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza que enfrentan acusaciones en Estados Unidos por complicidad con el cártel de Sinaloa. La presidenta y la Fiscalía General de la República (FGR) dicen que no hay pruebas para detenerlos, pero la decisión ha generado la ira del gobierno estadounidense.
La presidenta ha decidido enfrentar los problemas enarbolando la bandera de la soberanía. La FGR ha empezado una investigación, pero no contra los diez de Sinaloa, sino del FBI por supuestamente violar la soberanía nacional en un operativo para capturar a Ismael El Mayo Zambada, el poderoso narcotraficante que las autoridades mexicanas no pudieron detener y que el 25 de julio de 2024 fue llevado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a Estados Unidos para su aprehensión. Este 6 de julio El Mayo aceptó una cadena perpetua y pidió ser recluido en una prisión de baja seguridad con buenas instalaciones médicas porque a los 76 años sufre de mala salud. Se convertirá seguramente, como Ovidio Guzmán, en testigo colaborador en Estados Unidos.
La verdad
En su libro Borderlands, Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, afirmó que un prominente empresario mexicano le dijo que el presidente López Obrador le confió en 2024 que estaba “muy preocupado por la información que Estados Unidos pueda obtener de El Mayo”. La información enfureció al gobierno mexicano, incluso después de que el exembajador declaró que él, en lo personal, no tenía información de algún vínculo entre López Obrador y el crimen organizado. El 7 de julio la secretaria de Gobernación y la presidenta acusaron a Salazar de mentir por haber informado al gobierno mexicano en 2024 que el FBI no había participado en el operativo que secuestró a El Mayo. Este 8 de julio el exembajador respondió: “Le comunicamos al gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestro operativo… La verdad es la verdad”.
El pleito va escalando y no augura nada bueno para nuestro país. No tiene mucho sentido investigar al FBI. ¿Qué pasará si la FGR decide que el FBI violó la ley mexicana? ¿Buscará la extradición del entonces director para que se le juzgue en México? ¿Romperá México relaciones diplomáticas con Estados Unidos como lo hizo con Ecuador?
Quizá el gobierno federal mexicano no está coludido con el narcotráfico, pero las acusaciones contra los diez de Sinaloa no van a desaparecer porque México niegue que hay pruebas. Hay indicios suficientes para juzgarlos y que en el proceso se presenten todas las pruebas, a favor y en contra. Esta sería la mejor manera de demostrar que el gobierno federal no tiene lazos con el crimen organizado. Investigar al FBI no parece el camino correcto.