La eficiencia de un sistema democrático electoral se puede medir por la sencillez de su operatividad y la implementación de elecciones en términos de poca complejidad y comprensión para los ciudadanos. Sin embargo, cuando un sistema es intrincado y pocos, muy pocos, ciudadanos pueden preciarse que lo entienden en todas sus etapas, se demerita el objetivo principal y se dejan huecos para perpetuar la ilegalidad y las prácticas irregulares.
En México hemos confeccionado a parches un sistema electoral cuyos tiempos de implementación son realmente complicados y, en la particularidad de este año, permitieron que la simulación para la selección de candidatos fuera una constante.
Las prisas por contar con candidatos llevaron a los partidos a bordear la ley para nombrar con antelación desde el año pasado a quienes ahora formalmente abanderarán las candidaturas soportadas por las coaliciones correspondientes. Las figuras inventadas de “coordinadores” son una forma burda de hacer lo que en la etapa de las precampañas se debía haber realizado.
De hecho, la etapa de precampaña, finalizada el 18 de enero pasado, tenía que cumplir con ese propósito; ahí estaba establecido que los partidos políticos debían seleccionar a sus candidatos mediante los métodos reconocidos por la ley electoral. En rigor, tal actividad debía implementarse entre el 20 de noviembre y el pasado día 18.
La realidad fue otra y se anticiparon los tiempos atropelladamente; esto vino a agregar un episodio a la ya muy prolongada novela que tendrá que concluir con la jornada electoral que se encuentra a poco menos de medio año de distancia. Ahora el siguiente confuso capítulo es el denominado “intercampañas”, que se lleva a cabo desde el 19 de enero hasta el 29 de febrero. A ciencia cierta, poco se conoce qué se hace en este periodo, qué se puede hacer y qué está prohibido. En esencia, la intercampaña sería una especie de alto en el camino, donde internamente los partidos se organizan y se detiene la profusa difusión de propaganda para motivar un tiempo de reflexión y de organización. Sin embargo, la realidad es otra y a pesar de las restricciones, los partidos mantienen el ritmo y continúan en la difusión disfrazada y la publicidad que da la vuelta a la prohibición electoral.
Deuda histórica
Nada hace más daño a la democracia que perpetuar la ilegalidad, sobre todo cuando de elegir a nuestros gobernantes se trata. Y, con gran ironía, se observa que a pesar de lo prolongado del proceso, así como de la intención que tienen sus múltiples etapas, muy poco se ha conocido de la real propuesta de los candidatos, lo cual por igual se ha traducido en muy poco movimiento en las preferencias electorales.
Así, cuando no se percibe movimiento entre indecisos, fundamentalmente, poco se está cumpliendo y muy poco se está transmitiendo hacia el elector.
Vendrá después de la intercampaña la joya de la corona y la etapa que reviste mayor peso e interés: la campaña formal, que iniciará el 1 de marzo y cerrará el 29 de mayo. De ahí, los muy pocos tres días de reflexión y silencio; y finalmente la jornada electoral del 2 de junio.
Lo cierto es que tenemos una democracia cuyo costo en pesos no justifica cuán compleja se ha tornado. Para este periodo electoral, estamos hablando de un gasto de poco más de 22 mil millones de pesos. Esta cifra, que se fondea de nuestros impuestos, en muchos casos parecería que se desperdicia en su totalidad cuando al final del camino vemos el poco conocimiento que se tiene de los tiempos, los procesos, los candidatos, las propuestas y los detalles del proceso electoral.
Estamos ante una deuda histórica honda y urgente. Constantemente se discute la modificación del marco normativo de las instituciones y procesos electorales con motivos meramente políticos y de conveniencia para una u otra fuerza política. Sin embargo, poco se habla de la nula efectividad y arraigo positivo que las elecciones puedan tener en nuestros ciudadanos. Así, 97 millones de mexicanos estamos llamados a acudir a ejercer nuestro voto para elegir 20 mil 375 cargos de elección popular.
Mucho debemos reflexionar sobre este tema y actuar con objetividad de inmediato, apostados a una sola conveniencia: la de la democracia funcional y efectiva.