En el panorama electoral, junto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) completa el ciclo y aunque al momento aparece como un ente agazapado tendrá un papel fundamental en el desarrollo de las campañas y, por supuesto, en la jornada electoral.
Su tarea central es investigar y perseguir los delitos electorales establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en ese campo.
Por tanto, su labor se orienta a garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia. En suma, la Fisel busca contribuir a la legalidad en los procesos electorales en conjunto con el INE y el TEPJF.
En concreto la Fisel es una instancia evidentemente importante en el desarrollo del proceso electoral y aunque al momento parezca que permanece agazapada, en los hechos está preparada y a la espera del tiempo y circunstancias que marquen su entrada en escena.
Ello quizá se deba a que en los hechos no le corresponde sancionar la validez del proceso electoral, sino investigar la posible comisión de delitos electorales, por lo que sin duda llegado el momento de las campañas tendrá que desarrollar un trabajo activo en el plano nacional.
Lo que es más: será una pieza fundamental en el ajedrez de la política para hacer que se respete el Estado de Derecho, esfera en la que más de uno tendrá como principal inquietud apreciar si el titular de la Fisel tiene un desempeño imparcial o si de alguna manera utiliza un rasero diverso para emitir resoluciones en torno de las denuncias que le sean presentadas y llegado el momento podrían ser fundamentales para el resultado del proceso electoral.
Por ello resulta más que fundamental tener claros sus objetivos y alcances.
Competencias
En principio, la Fisel es competente en las elecciones federales cuando sean relativas a la renovación de la Presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías.
Y en las elecciones locales cuando sean organizadas por el INE, situación que será más que amplía en esta ocasión.
Por lo que hace al ejercicio de su competencia, se debe tener presente que se da cuando se presenten los siguientes supuestos: delitos cometidos en el extranjero con efectos en el territorio nacional; recoger, retener las credenciales de elector; alterar el Registro Federal de Electores; utilizar recursos públicos y programas sociales federales con fines electorales; conectividad con delitos electorales cometidos por personas servidoras públicas del ámbito federal. Además de la compra de votos; retener credenciales para votar durante la jornada electoral; alterar, apoderarse o destruir material electoral.
Pero sus alcances van más allá, porque se considera que cualquier persona está en riesgo de cometer un delito electoral. Por ejemplo, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, personas servidoras públicas, personas organizadoras de campañas y ministros de culto religioso.
En pocas palabras, la Fisel tiene un amplio trabajo a realizar y como parte de ello desarrolló el curso Capacitación en línea para la atención del proceso electoral 2023-2024, que imparte a servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) adscritos a las delegaciones estatales y que serán receptores de las denuncias que se presenten en materia electoral en las precampañas, campañas y comicios del 2 de junio.
El tema no es sencillo, porque también se deben prever temas como la violencia política contra las mujeres en razón de género y los delitos cometidos por funcionarios electorales, funcionarios partidistas y servidores públicos.
Un panorama complejo, sin duda, que gira en torno de la observancia de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ahora solo falta ver cuánto trabajo tiene frente a sí la Fisel y si lo desarrolla o no de manera imparcial y ágil.