El sistema financiero mexicano ha sido de aquellos que con mayor profundidad han evolucionado a nivel mundial. Las reformas a diversos ordenamientos a finales del pasado siglo dieron la oportunidad del surgimiento de organismos que se destinaron a procurar equilibrio, transparencia y certeza para los usuarios de dicho sistema. Así, para lograr tal cometido en torno del ecosistema bancario, se creó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, largo nombre que se abrevia en Condusef.
Además, en un carril aparte de bancos y aseguradoras se estimó conveniente que existiera un cerco institucional para la protección y manejo regulatorio de las Afores, función que vino a realizar la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
De esta forma se ha procurado que el producto del esfuerzo laboral sea tutelado de la mejor manera ante potenciales conflictos y posibles aclaraciones dentro de tan importante tema. Porque las cuentas de ahorro administradas por las Afores tienen además una carga simbólica y hasta sentimental al estar ahí los dineros que soportarán la vida ante un retiro de la actividad laboral. Así, el mexicano ha prestado especial atención a este asunto.
Las Afores son entidades financieras cuyo motivo de existir es administrar las cuentas individuales de los trabajadores, las cuales, bajo el marco legal aún vigente, tienen el carácter de individual e intransferible. En dichas cuentas se depositan las cuotas que dan los patrones, el Estado y el propio trabajador; además, ahí también se contienen dineros que provienen de las aportaciones voluntarias, el fondo solidario para trabajadores ISSSTE y, por supuesto, los rendimientos financieros que se crean por la inversión de tales dineros.
Tal masa de bienes se cataloga a su vez en cuatro grandes rubros: retiro, vejez y cesantía, aportaciones voluntarias y vivienda y aportaciones adicionales. Con este gran marco es como nuestro México ha pretendido recibir en una última etapa de la vida a la población que se encuentra en tal supuesto, para procurarle dignidad en un tiempo donde ya se descansa de toda una vida de trabajo.
Intranquilidad
Todo lo anterior hace que el tema pueda estar impregnado de una sensibilidad subrayada. Sin embargo, debemos analizar con justicia el fondo de la iniciativa que pretende modificar el actual manejo, para crear un fondo específico donde el destino de los dineros podrá emplearse para el fondeo de diversos programas sociales. ¿En realidad corren riesgo los fondos de los trabajadores ante la presente reforma?
La respuesta es un tranquilizador no. Basta que el trabajador siga en activo para que los fondos que se encuentren en su Afore no puedan ser trasladados al Fondo para el Bienestar, con independencia incluso de la edad, si es que tuviera más de 70 años. Las cuentas y subcuentas en las Afores seguirán manteniendo la calidad de individualizadas y no habría imperativo legal para evitar que, de ser así su voluntad, el trabajador emplee dichos fondos para su retiro.
Pero la intranquilidad prevalece para un gran porcentaje de la población por percibir que su dinero puede estar en riesgo. La clave aquí es la acción, el seguimiento y la responsabilidad personal por darle atención a sus bienes. Es criticable, sí, que un gobierno pueda disponer con libertad de fondos que no son suyos; por igual, es cuestionable que a esos fondos dispuestos se les pueda dar un destino diferente para el cual fueron ahorrados. Pero todo lo anterior se destruye cuando existe la petición por parte del trabajador para disponer de su dinero.
Es deseable en este caso que exista una amplia campaña de difusión para que todos y cada uno de los trabajadores que han devengado salarios que a su vez hayan provocado un ahorro para el retiro, tengan claros los procedimientos de reclamo y así eviten la inactividad que en su momento sería el criterio para que dichos fondos sean extraídos de una cuenta de ahorro para el retiro.
Las Afores manejan una nada despreciable cantidad de dinero; se calcula que actualmente dicho monto ronda los seis billones de pesos, de los cuales se estima que 99% se encuentra seguro y activo. Es decir, la cantidad afectable solo es 0.6% del total.