La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de abrir una carpeta de investigación contra Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por la muerte de 40 migrantes en una “estancia provisional” para migrantes en Ciudad Juárez, que el presidente López Obrador llamó un “albergue”, es importante. Con mucha frecuencia el mandatario afirma que “no somos iguales” y que los tiempos de la impunidad de los funcionarios ha quedado atrás.
La investigación, sin embargo, no es por homicidio doloso o culposo, sino por “ejercicio indebido del servicio público”. Se acusa al comisionado de haber sido omiso en el cumplimiento de sus responsabilidades. Las carpetas por homicidio se han abierto para algunos de los guardias de esa estancia provisional, que en realidad era una cárcel ilegal, y para el migrante que encendió fuego a una colchoneta y provocó el incendio.
Entiendo que la acusación contra Garduño sea solo por omisión. Él no se encontraba en el lugar de los hechos, ni encerró personalmente a los migrantes, ni prendió fuego a la colchoneta, ni huyó sin abrir la celda. Sin embargo, ya en una ocasión bajo su mando, en Tenosique, Tabasco, en 2020, un migrante murió también y 14 resultaron lesionados en un incendio en el interior de una cárcel ilegal del INM.
Que la investigación sea solo por omisión tiene ciertas ventajas para Garduño. Para empezar, hasta el momento de escribir este artículo no solo se encuentra en libertad, sino que sigue ejerciendo la responsabilidad como comisionado de Migración. El propio presidente le ha dado un espaldarazo político en la mañanera: “Es bueno su trabajo en general. Siempre ha tenido un buen desempeño. Lo conozco desde hace muchos años. Ha trabajado conmigo. Estuvo de subsecretario en la Secretaría de Gobierno y lo nombré en Migración. Es gente recta, trabajadora”.
Defensa en libertad
En otro gobierno quizá Garduño habría tenido razones para preocuparse, pero no en este. El delito de ejercicio indebido del servicio público no se considera grave, por lo que él no debe sufrir esa injusta prisión preventiva oficiosa que existe en México y que es un castigo corporal antes de ser juzgado. Garduño tendrá, en principio, la oportunidad de presentar su defensa en libertad. Es verdad que los “enemigos” del régimen, como Rosario Robles y Jesús Murillo Karam, también fueron acusados de ese mismo delito, pero fueron sometidos a prisión preventiva. En el gobierno de López Obrador ese abuso solo se comete contra los “adversarios”, no contra quienes han demostrado que, aun cuando no tengan conocimiento ni capacidad en sus responsabilidades, sí son 100% leales al líder máximo.
Si alguien quisiera someter a Garduño a esa prisión preventiva oficiosa, por otra parte, él siempre podría argumentar que no solo no tenía ninguna experiencia en migración antes de ser nombrado comisionado por el presidente, sino que a pesar de su responsabilidad no le ha tocado incidir sobre la fallida política migratoria. No fue él sino el presidente quien hizo el llamado en 2018 para que los extranjeros vinieran a México, donde se les darían visas de trabajo y se les llevaría a la frontera con Estados Unidos.
No fue él tampoco quien cambió de opinión tras la presión de Donald Trump y adoptó una política represiva al grado de usar a la Guardia Nacional para perseguir a los migrantes.
Esa política represiva no la impuso el comisionado Garduño, quien meramente se ha ocupado de aplicarla. No le pueden echar la culpa de una política que ha provocado tantas muertes y sufrimiento.